Lourdes Paredes Cuellas

Opinión -

             Venimos escuchando, desde hace algunos años con mayor intensidad, diferentes opiniones desde diversos y distintos puntos de vista sobre la actual constitución, en estas,  las cuestiones que se plantean varían desde la  posibilidad o no de reformarla, su validez, el cumplimiento de su articulado…

Todos estos debates vienen acompañados por un contexto económico, político y social de grandes dificultades para la mayoría social de este país que están provocando que gran parte de la sociedad y distintas personalidades de todos los ámbitos se replanteen nuestro actual modelo ante el colapso  que se está produciendo. Lógicamente, ante esta situación,  la primera norma del ordenamiento jurídico español, la Constitución de 1978, es una cuestión que subyace en la misma, teniendo en cuenta que un Estado de Derecho se traduce al principio del imperio de la ley. Sin querer entrar en un análisis profundo por la complejidad del derecho constitucional, sí quisiera poder valorar las consecuencias actuales de la “divinizada”  Transición y construcción de la Constitución de 1978. 

Hay que establecer  un primer elemento que responda al surgimiento de la idea de los textos constitucionales, debiendo explicar que las constituciones se configuran como un freno y un límite a las ansias democratizadoras y de libertad ante la extraordinaria irrupción de la clase trabajadora y la ciudadanía, ante tal impulso, las oligarquías económicas y financieras, como un modo de limitar la llegada de tal proyecto democratizador y mantener sus posiciones de privilegios frente al resto de la sociedad, desarrollan los textos constitucionales. Las constituciones suponían determinar hasta dónde se podía llegar en las transformaciones sociales de una sociedad, eliminando así la posibilidad de sociedades democráticas e igualitarias. Estas oligarquías  financieras y económicas ofrecían un contrato (constitución) en el que garantizaban una serie de derechos, libertades y condiciones económicas a la ciudadanía y a los trabajadores,  a cambio de renunciar a procesos revolucionarios y transformadores en la conquista de su proyecto democrático. Las oligarquías económicas y financieras seguían así manteniendo el control y el poder.

Los textos constitucionales han evolucionado y variado en relación a los diferentes contextos económicos, políticos, sociales e históricos en sus ámbitos geográficos determinados. En el caso español, con sus singularidades y particularidades, el proceso de la Transición y  la Constitución de 1.978 responde a esas evoluciones y cambios que se produjeron en Europa. La Transición española ha sido descrita como un proceso modélico y de acuerdos, un pacto entre iguales. Tal aseveración ampliamente extendida, no se ajusta a la realidad histórica. Hubo una renuncia por parte de los trabajadores y trabajadoras, ciudadanía y las organizaciones de izquierdas a sus proyectos económicos, sociales y políticos de transformación, a cambio de conseguir un estado democrático, esa renuncia fue una cesión a las oligarquías del franquismo ante la imposibilidad de poder lograr sus objetivos libertadores y democráticos bajo la amenaza de la violencia. Existen diferentes obras en las que sus autores recogen como la violencia ejercida por el franquismo a través de sus diferentes ramificaciones fue una característica de este periodo. Como ejemplo de ello, es la conocida matanza de los abogados de Atocha, abogados laboralistas vinculados al PCE (Partido Comunista de España) y a CCOO (Comisiones Obreras) que fueron asesinados en 1.977 en la sede del sindicato en Madrid.

El objetivo de lograr un estado democrático supuso renunciar a todas las aspiraciones de la sociedad en beneficio de los intereses de la oligarquía, las grandes fortunas, etc. Un debate desigual donde unos, los poderosos, cedían obligados por la comunidad internacional y revestidos de demócratas en la creación de un estado formalmente democrático, mientras mantenían el control económico y social del estado, frente a los débiles, que habían sufrido la persecución, el exilio y la muerte, que abandonaban todas sus aspiraciones políticas, ideológicas y transformadoras con el fin último de lograr un marco constitucional democrático. La imposición de que el Estado se establecería bajo la forma monárquica con un jefe del estado designado por el dictador para continuar su legado es un elemento que redunda en lo expuesto, apartando la oportunidad libertadora y democrática de la República.

Actualmente observamos como todo este proceso sigue produciendo sus efectos en nuestros días, la oligarquía, los poderosos, los de arriba, demuestran el control de nuestros designios económicos y sociales, mientras,  la ciudadanía, los de abajo, los/as trabajadores/as, debemos recuperar el proyecto emancipador y libertador ante un sistema y una constitución que nunca nació de las propuestas reales de la ciudadanía.