Lourdes Paredes Cuellas

Opinión -

Analizando la actual coyuntura económica que padecemos, dónde cada vez son más las personas desempleadas que “viven” (o por desgracia han terminado), ya de lo que cobran del “paro” o “ayuda”, me gustaría empezar mi aportación en esta publicación con un análisis, desde un punto de vista cotidiano, de la intervención del Estado en el mercado de trabajo, es decir, como nos afecta a todas y todos en nuestro día a día.

Básicamente, son dos las formas en las que el Gobierno interviene en el mercado de trabajo, la primera indicando las políticas de reforma del mismo (la ya conocida Reforma Laboral), determinando las reglas básicas de funcionamiento (como por ejemplo, “abataramiento” del despido, disminución de los salarios, etc.); y por otra parte, incentivando o desincentivando determinadas conductas, por medio de las llamadas políticas de mercado de trabajo, las cuales se clasifican en activas y pasivas.

Centrándonos en estas últimas, políticas activas y pasivas de empleo, y siguiendo los criterios marcados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), indicar que la diferencia fundamental entre ellas se debe a su carácter presupuestario, económico, considerando a las políticas pasivas como un gasto destinado al sostenimiento de las rentas (pago de subsidios y prestaciones por desempleo, entre otros); mientras que las activas, el gasto se dirige explícitamente a conseguir la vuelta al empleo de las personas desempleadas (cursos, orientación e intermediación laboral, etc.). O dicho de otra forma, las políticas pasivas (subsidios y prestaciones por desempleo) vienen a paliar la falta de ingresos de las personas que se encuentran en situación de desempleo; mientras que las activas, son medidas para ayudar a éstas a encontrar un trabajo.    

Por ello, es innegable que la actual coyuntura económica que padecemos afecta a las medidas adoptadas por las diferentes administraciones, no estando exentas de ellas las mencionadas políticas de empleo, las pasivas, con la reducción de la cantidad de “ayuda” o “paro” a percibir; mientras que las activas con el cierre de Unidades de Orientación Laboral, escasez de cursos de FPE (Formación Profesional para el Empleo), TE (Talleres de Empleo).

En este contexto, ¿Qué pueden hacer las personas desempleadas? Desde nuestro punto de vista, estas personas no deben esperar que sea la propia Administración únicamente quién le proporcione trabajo, así si extrapolamos los conceptos de políticas pasivas y activas de empleo a la actitud o forma que presentan en su proceso de búsqueda de empleo, nos encontramos con desempleadas/os que tienen una búsqueda totalmente pasiva, es decir, se inscriben en las Oficinas de Empleo, bolsas y portales de empleo por Internet, etc.; mientras que las y los buscadores de empleo activos realizan una prospección de las empresas en las que podrían trabajar, utilizan su red de contactos, se autoanalizan y reciclan profesionalmente, piensan en el autoempleo como una forma de inserción laboral, conocen y utilizan de forma adecuada las herramientas de búsqueda de empleo (tipos de curriculums y cartas de presentación), saben afrontar una entrevista de trabajo, etc.).

 Pero aún así, siguiendo con el papel que desempeña la Administración, ¿Tiene ésta en cuenta la actitud activa ante el empleo? Para responder a esta pregunta, vamos a mencionar varios ejemplos prácticos que nos indican la forma de actuar de ésta. Así, si analizamos los procesos selectivos que llevan a cabo los distintos Servicios Públicos de Empleo (el SAE en Andalucía, por ejemplo), éstos se basan en criterios que a priori no benefician a las y los buscadores activos de empleo, ya que

en igualdad de condiciones de formación y/o experiencia, entre personas desempleadas ante una hipotética oferta de empleo, el SAE priorizará siempre a quiénes lleven más tiempo en situación de desempleo (tiene más antigüedad) en la demanda de empleo, que por ejemplo quién se ha quedado desempleada/o recientemente por seguir una actitud activa ante el empleo al aceptar un trabajo de menor cualificación profesional, o con un sueldo menor que la prestación por desempleo que recibía.

¿Estamos diciendo que los Servicios Públicos de Empleo, la Administración, “perjudica” a quiénes llevan una búsqueda activa de empleo? Esta interesante cuestión es mejor analizarla desde la óptica de cada una/o. Sin embargo, para responderla es adecuado tener en cuenta la mencionada primera forma de intervención del Estado en el mercado de trabajo, esto es, indicando las políticas de reformas (la “famosa” Reforma Laboral”), la cual entre otras medidas, ha supuesto una considerable reducción de los salarios, aspecto que incita a desarrollar una política pasiva de empleo, al “cobrar” más estando desempleada/o (si se percibe prestación o subsidio por desempleo) que trabajando por un salario menor.

Otro buen ejemplo de la actuación de la Administración es que ésta hace una distinción muy básica entre las personas desempleadas y ocupadas, siendo éstas últimas cualquiera que se encuentre en alta en la Seguridad Social, es decir, si estando en búsqueda activa de empleo, aceptamos un trabajo aunque sea de 1 hora a la semana, los Servicios de Empleo consideran que ya no estás desempleada/o, lo que te imposibilita para acceder a ofertas de empleo dirigidas exclusivamente a desempleadas/os o a optar a plazas para cursos de Formación Profesional para el Empleo.