Lourdes Paredes Cuellas

Opinión -

Uno de los elementos constitutivos de las democracias representativas, como la nuestra, y eje fundamental de la misma, es el sistema electoral.  Mediante las elecciones, los ciudadanos designan a los que serán sus representantes para ocuparse de las responsabilidades del gobierno del pueblo.  Por ello, es fundamental el procedimiento por el que nuestros representantes son elegidos, los criterios por los que se traducen nuestros votos en representantes, el sistema electoral.

Un primer elemento que podemos distinguir en unas elecciones para que sean consideradas  democráticas es que estas deben ser competitivas, periódicas y correctas. Bajo esas primeras premisas deben existir otras anteriores y primordiales, la existencia de libertad de expresión y libertad de asociación política. Tras esto, la siguiente cuestión  es la fórmula por la cual los votos se convierten en representantes, existiendo numerosas y diferentes tipologías en el ámbito internacional.  Distinguiendo  dos grandes tipos de sistemas, los mayoritarios y los proporcionales. El primero basado en la elección de los representantes bajo distritos uninominales, es decir, el territorio se divide en distritos y en cada uno de ellos se elige a un solo representante. El que obtenga el mayor número de votos en el distrito, es el elegido. El proporcional, se basa en la elección de candidatos en circunscripciones plurinominales, los partidos obtienen representación en relación a los votos obtenidos en la circunscripción.

En España tenemos diferentes convocatorias electorales, las de ámbito municipal, en las que elegimos las corporaciones municipales de nuestros ayuntamientos y de manera indirecta a las  diputaciones provinciales, las de ámbito autonómico, para la cámara autonómica,  la de ámbito nacional, para el Congreso de los Diputados y el Senado y las de ámbito europeo, para el Parlamento Europeo. Es a partir del famoso movimiento de indignación 15-M cuando empieza a extenderse de manera más generalizada entre la opinión pública diferentes críticas hacia el sistema electoral, muchas de ellas erróneas, otras acertadas y otras muchas  confusas.

Ha de tenerse en cuenta que la piedra angular de la democracia representativa es el sistema electoral, si este es puesto en duda, se pone en duda a todo el sistema político, esta aclaración es importante para entender los motivos que han llevado a esta, a su actual situación. Cuando se pone en entredicho el sistema electoral por su falta de representatividad, esta va dirigida hacia la elección de los escaños en el Congreso de los Diputados que es la que representa al poder legislativo, ya que es la que posee las competencias en materia legislativa, podrían ir lógicamente también a la segunda cámara, el Senado, pero esta está en constante duda por su utilidad, dicho por los propios senadores, y en un eterno debate para reformarla al estilo del Bundesrat alemán, como una cámara de representación territorial.

El sistema electoral español es proporcional, pero siendo proporcional es mucho menos proporcional que muchos sistemas electorales mayoritarios. Este está basado en la fórmula D´Hont, que tiene mayores efectos proporcionales a más escaños, pero aun así el principal problema es la circunscripción y la distribución de escaños en las circunscripciones. Las circunscripciones en España son las provincias, estableciendo un número mínimo de dos diputados por provincia, excepto Ceuta y Melilla con uno cada una, y el resto de diputados a repartir entre el número de población por provincia. Todo esto provoca que en las provincias más despobladas el número de votos para lograr un escaño sea mucho menor, mientras que en las más pobladas el número de votos para lograr un escaño sea mucho mayor. Lo que produce una importante cantidad de votos que no llegan a lograr el número de votos necesarios para obtener un escaño. Como ejemplo cabe destacar que en las últimas elecciones generales a IU le costó cada escaño 153.000 votos, mientras al PP unos 53.000 votos. Provocando un sistema electoral profundamente injusto, donde el número de votos obtenidos por los partidos políticos no se corresponde con el número de diputados obtenidos. Consecuentemente, en el Congreso de los Diputados se refleja la existencia de grupos políticos que logran una representación mucho mayor  a  la que le han dado los ciudadanos y otros grupos  que logran una representación muy inferior a la que realmente les conceden los ciudadanos.

Cuando los ciudadanos sienten que los resultados de las elecciones no se corresponden a la pluralidad de la sociedad, no es sólo una sensación, es una realidad constatable. Evidentemente, las demandas de la reforma del sistema electoral están basadas en unos datos que lo avalan. Estas han sido reclamadas desde hace muchos años por diversas fuerzas políticas y expertos electorales  y las respuestas por los diferentes gobiernos del PP y del PSOE han sido de rechazo. Es en esta cuestión dónde los argumentos utilizados para su negativa, desde los diferentes gobiernos, han constituido un menosprecio a la ciudadanía. Estos han sido basados en una supuesta estabilidad de gobierno, ya que la sobrerrepresentación que se les ha otorgado evita otros pactos con otras fuerzas políticas y la llegada al poder de otras opciones, y así  el desarrollo de un sistema estable. Este argumento de un tratamiento paternalista a la ciudadanía, como niño inmaduro incapaz de pensar y actuar, esconde la realidad, un sistema electoral que les beneficia porque les crea la capacidad de continuar y perpetuarse en el poder, logrando, a su vez, una gran parte de la financiación pública por los resultados electorales. Los resultados de este sistema electoral en estos años desde la Constitución del 78 han resultado muy beneficiosos para el PSOE y el PP, en contra de la creencia de que  han sido los nacionalistas catalanes y vascos, siendo el gran perjudicado  IU.

 Si uno de los principios de la democracia es la existencia de unas elecciones competitivas, periódicas y correctas, este debe ser respetado, de lo contrario el propio sistema político debe ser replanteado. Un sistema electoral que responda a la realidad de una sociedad, diversa, compleja y plural como la actual, es una de las cuestiones que se deben resolver para comenzar un proceso de empoderamiento de la ciudadanía.