Lourdes Paredes Cuellas

Opinión -

En estos últimos días podemos seguir a través de los diferentes medios de comunicación provinciales cómo se están desarrollando los acontecimientos y, a su vez, las diferentes declaraciones  por parte de los diversos actores, en relación a la reclamación de los fondos Miner adeudados por parte del gobierno central al municipio de Belmez. La reivindicación del gobierno municipal de Izquierda Unida junto al resto de la corporación belmezana ha llevado a esta a instalarse mediante una acampada frente a la subdelegación del gobierno en Córdoba. El gobierno municipal y el resto de la corporación realizan una movilización claramente legitimada por sus vecinos y vecinas, ellos/as son sus representantes y ellos/as están en la obligación de defender sus intereses.

Ante estos hechos, me llamó enormemente la atención una de las declaraciones realizadas, en este caso, la efectuada por parte de la  vicesecretaria general del Partido Popular de Córdoba, en las que calificaba a las protestas que se están llevando a cabo como, “espectáculo mediático”. Describir de esta manera lo que está ocurriendo, no tiene más que una clara intencionalidad, desprestigiar a los representantes belmezanos con el objetivo de así eliminar lo concreto, la causa, la razón, que el gobierno central del Partido Popular adeuda 600.000 euros al municipio de Belmez correspondientes  a los fondos Miner.

Las declaraciones recogen la inquietud y las molestias que les ocasiona un pequeño municipio y que realmente lo que esconden es una concepción que se está extendiendo peligrosamente, que no es ni más ni menos que el desprestigio de las Administraciones públicas y, como no, las administraciones locales, los ayuntamientos.

Los ayuntamientos son los órganos democráticos más cercanos al ciudadano/a, se trata de la representación democrática de los/as ciudadanos/as de a pie. Los ayuntamientos manejan unos presupuestos ínfimos en relación a las competencias que asumen y desarrollan, las que vienen estipuladas y las que no, también. A pesar de esta poca capacidad económica y de influencia, estos llevan a cabo sus propios modelos sociales, políticos y económicos, muchas veces alejados de las redes de los grandes partidos, así como de los poderes económicos y financieros. Los ejemplos actualmente más llamativos de municipios donde sus habitantes llevan a cabo su propio modo de convivencia social, política y económica son el caso de Torrelodones y de Marinaleda. El primero, un municipio de la Comunidad de Madrid donde un movimiento vecinal surgido principalmente ante las desmedidas políticas urbanísticas del gobierno municipal se planteó la posibilidad de constituirse como partido político, Vecinos por Torrelodones, logrando la alcaldía del municipio, y el segundo, un bastión del Colectivo Unidad de los Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas, integrante de Izquierda Unida, donde el movimiento jornalero andaluz ha desarrollado todo sus planteamientos colectivistas y sociales. Los anuncios realizados por el gobierno central en relación a la posibilidad de reducir el 30% de los concejales, la delimitación de competencias de los ayuntamientos y el reforzamiento de las diputaciones provinciales, lo único que provocan es una disminución de nuestra democracia más básica, más cercana, más originaria, minando, a su vez, la posibilidad de que otros modelos de gestión y otras fuerzas políticas, alejadas del establishment de la gobernanza, sin los favores de la banca, sin las donaciones “altruistas” de las grandes fortunas del país, puedan lograr representatividad, puedan llegar a alcanzar el poder. Ante estas medidas, me surgen diferentes preguntas por las que se toman las mismas, ¿Y si los/as ciudadanos/as eligen otras formas de organización? ¿Y si estos dan respuestas a sus necesidades y demandas? ¿Y si hay alternativa…?

El municipio de Belmez y sus representantes públicos deben seguir asumiendo su responsabilidad y firmeza en estos momentos, simbolizando la defensa y la existencia del municipalismo.