Lourdes Paredes Cuellas

Opinión -

La derrota de la Alemania nazi en la II Guerra Mundial había supuesto la caída de una construcción nacional basada en conceptos identitarios y étnicos, a través de la conocidas proclamas de una supuesta superioridad de la “raza” aria sobre el resto de pueblos de la humanidad. Las consecuencias de este proceso fueron fatales, una guerra mundial, destrucción, millones de muertos, etc.

A principio de la década de los años 80 el filósofo Jurgen Habermas, ante la nefasta construcción ideológica de la nación alemana, empieza a extender un nuevo concepto, el patriotismo constitucional, en la que proponía dotar a Alemania de legitimidad como estado basándose en la libertad, los derechos humanos y la democracia. Ante una conceptualización ideológica de elementos identitarios y culturales que había provocado la aparición del fascismo, Habermas proponía superar la antigua construcción del estado-nación por valores democráticos que fuesen los configuradores de una ciudadanía universal.

En España este concepto fue introducido a principios de los años 90, este fue tergiversado y transformado para justificar posiciones ideológicas concretas.  De manera que este concepto, que en sí negaba la idea de identidad, fue precisamente utilizado para lo contrario,  la argumentación y defensa de un nacionalismo español frente a los nacionalismos periféricos, especialmente el vasco y el catalán, es decir, los elementos étnicos y culturales como configuradores del estado-nación.

 El patriotismo constitucional es un concepto que puede estar de absoluta vigencia. La propia constitución española de 1978 recoge numerosas referencias, a través de su articulado, que responden a los valores propios del patriotismo constitucional, que son olvidados e incumplidos. Artículos como, “los españoles son iguales ante la ley”, “los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes”, “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, han puesto de manifiesto actualmente que  la libertad, los derechos humanos y la democracia son elementos prioritarios para la ciudadanía y , como tal, reflejarse en la normativa y legislación de organismos y administraciones.