La secretaria general de Vivienda, Alicia
Martínez, acompañada por la delegada de Fomento, Cultura y Patrimonio
Histórico, Cristina Casanueva, ha resaltado en rueda de prensa el carácter
social de “unas ayudas indispensables para acometer reformas en los hogares de
muchas familias cordobesas”. Además, ha recordado que sirven de estímulo al
sector de la construcción y de generación de puestos de trabajo.
Martínez ha hecho especial hincapié en la
apuesta por el programa de rehabilitación de edificios, una línea de
subvenciones donde la mayoría de solicitudes (90 por ciento) suelen ir
dirigidas a la instalación de ascensores y que en esta última convocatoria se
ha incrementado las partidas hasta contar con un presupuesto de 1.582.700
euros. La convocatoria va dirigida a las comunidades de propietarios de
edificios de viviendas y se dirigen especialmente a mejorar la accesibilidad,
aunque también hay una línea específica mejora de la eficiencia energética y
sostenibilidad.
En el caso de la rehabilitación de viviendas privadas se repartirán
931.000 euros en ayudas. Estas ayudas consistirán en obras para la
conservación y la mejora de la accesibilidad de las viviendas, así como mejoras
de eficiencia energética y sostenibilidad. Se calcula una subvención media por
vivienda de 7.140 euros.
Tanto en la rehabilitación
de edificios como en la de viviendas, los solicitantes podrán ser beneficiarios
de una subvención equivalente al 40 por ciento del presupuesto protegible de la
actuación. Para ello, tendrán que tener unos ingresos inferiores a 5,5 veces el
IPREM. La cuantía subvencionada se podría elevar al 75 por ciento del
presupuesto en las viviendas con ingresos familiares inferiores a tres veces el
IPREM o donde resida en la misma una persona con discapacidad o mayor de 65
años y se acometan actuaciones para la mejora de la accesibilidad.
Por último, el programa de Adecuación Funcional
Básica dispondrá de 281.100 euros para contribuir a la
financiación de obras y, en algunos casos, las asistencias técnicas para
mejorar la seguridad y la adecuación funcional de las viviendas habituales a
las necesidades de personas mayores de 65 años o personas con discapacidad que
tengan reconocido al menos un 40 por ciento de discapacidad y movilidad
reducida. Las
personas beneficiarias deben tener ingresos familiares no superiores a 2,50
veces el IPREM.
Entre las actuaciones
que se pueden acometer se encuentran la supresión de barreras arquitectónicas,
la adecuación del ancho de puertas, la mejora de la seguridad de la instalación
eléctrica o de gas, la instalación de suelo antideslizante y de asideros en los
baños, así como la sustitución de bañeras por platos de ducha, y la colocación
de pasamanos en pasillos.
El
programa de Adecuación Funcional Básica recoge una subvención que cubre el 70
por ciento del presupuesto de la obra, siendo el importe máximo de las ayudas
concedidas de 2.000 euros, importe que podrá verse incrementado hasta 600 euros
en caso de que fuesen preceptivos gastos en concepto de asistencia técnica. El importe
definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad
efectivamente realizada y conforme a la justificación presentada. Se estima una subvención
media por vivienda de 1.400 euros.
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio publicó a finales del pasado año en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) tres convocatorias de subvenciones para la rehabilitación de
viviendas y edificios que cuentan con una inversión pública de 30 millones de
euros, si bien la inversión global generada será de 71,8 millones de euros.
Estas ayudas cubrirán las necesidades de los hogares de 6.900 familias
andaluzas, esto es, de unas 20.000 personas en toda Andalucía.
Estas tres convocatorias
están financiadas con fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y fondos
propios de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio. Además, se enmarcan dentro del Plan Vive en Andalucía 2020-2030, un
plan que marca las líneas estratégicas en materia de vivienda en la comunidad
autonómica y que se centran en facilitar el acceso de los jóvenes, mayores
de 65 años y colectivos vulnerables a una vivienda a precio asequible, adecuar
las viviendas
a las nuevas necesidades, medioambientales, funcionales y familiares, lograr
una mejor convivencia en pueblos y ciudades y, por último, dinamizar la
economía y el empleo en el sector de la construcción.
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