UNICEF España presenta una serie de recomendaciones para una respuesta y recuperación en clave de infancia y adolescencia
La devastación causada por la DANA en la provincia de Valencia ha generado una emergencia para la infancia sin precedentes en nuestro país. Según fuentes oficiales[1], a fecha de 20 de noviembre se contabilizaban 219 personas fallecidas, entre ellas nueve niños, niñas y adolescentes, siete de los cuales eran menores de siete años. Según datos extraídos del INE, más de 163.000 niños, niñas y adolescentes viven en los municipios que se han visto afectados. De estos, unos 71.000 viven en municipios gravemente afectados.
La organización ha elaborado un documento –Impacto de la DANA en la infancia. Recomendaciones para la respuesta y recuperación con enfoque de derechos de infancia– que recoge los elementos clave para una recuperación que incluya a niños, niñas y adolescentes y tenga en cuenta sus derechos y necesidades. En él, UNICEF España hace un llamamiento a las instituciones y a la sociedad en su conjunto para abordar la respuesta y recuperación de esta emergencia con enfoque de infancia, manteniendo en el centro de la mirada pública y social a los niños, niñas y adolescentes.
En primer lugar, es necesario reforzar los servicios sociales y recursos de protección e inclusión preexistentes, para evitar la desviación de los recursos y el personal de otras zonas del territorio y garantizar una respuesta a la altura de las necesidades. Es clave acelerar el aumento de los recursos humanos y económicos existentes con anterioridad a la DANA, que van a tener que responder a necesidades elevadas e imprevistas. Ello debe implicar un refuerzo de los mecanismos de coordinación, y planificarse con suficiente duración para garantizar la continuidad de los servicios, evitando la rotación del personal y potencial revictimización de niños, niñas y adolescentes.
Los datos preliminares constatan que más de 75.000 viviendas[2] han sido dañadas, y numerosas infraestructuras, como carreteras y ferrocarriles, han quedado dañadas o destruidas. Aproximadamente 40.000[3] niños, niñas y adolescentes han visto interrumpida su educación por el cierre de escuelas en las zonas afectadas, de los cuales más de 24.000[4] han sido realojados en otros centros educativos temporalmente.
En este ámbito, UNICEF España recomienda, entre otras, las siguientes medidas: planificar y asegurar servicios relacionados tanto en los colegios que integran a niños afectados como en los espacios seguros habilitados, tales como las necesidades logísticas, de personal y de transporte, entre otras, que sirven para ir y volver de la escuela y estar en ella con garantías suficientes. Se debe prestar especial atención al servicio de comedor, en particular para los alumnos con beca y vulnerables. También se deben asegurar los recursos materiales y humanos adecuados para su integración exitosa, prestando especial atención a su protección a través de profesionales especialistas en infancia correctamente formados.
Las cifras muestran que la infancia y adolescencia han sido gravemente afectadas por el desastre. Para muchos niños, niñas y adolescentes, este trauma se suma a factores de vulnerabilidad existentes previamente, como la pobreza, la exclusión o la discapacidad. Por ejemplo, según datos del Instituto Valenciano de Estadística de 2023, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años era del 30% en la comarca de L’Horta Sud, y la privación material severa se sitúa en el 9,7%. En el resto de las comarcas afectadas, la tasa AROPE para menores de 16 años es igualmente elevada, no siendo menor al 28% en ningún caso.
Para dar una respuesta con equidad es necesario ampliar el alcance y cobertura para la infancia de ayudas económicas preexistentes o extraordinarias que ofrezcan todos los niveles de la administración. Además, hay que establecer medidas de alojamiento temporal en clave de infancia. A la hora de definir estas medidas se debe priorizar a familias con niños, niñas y adolescentes, y sobre todo a aquellas en situación de más vulnerabilidad (como las monomarentales y monoparentales), familias con dificultades económicas, familias jóvenes sin empleo con hijos, o beneficiarias de becas comedor y otras prestaciones.
Detrás de los números hay vastas consecuencias a corto y largo plazo para los niños, niñas y adolescentes más afectados: la pérdida de seres queridos, las vivencias traumáticas de la riada, el estrés de sus familias ante una situación límite, la pérdida temporal o permanente de su hogar, los daños en su escuela o el realojo temporal en otra, la discontinuidad de las relaciones comunitarias y escolares, los daños a espacios de juego y ocio esenciales para su desarrollo, así como riesgos para su salud y su protección, como el aumento de la violencia y los abusos. Todo ello implica riesgos considerables a largo plazo para su desarrollo, educación y salud mental, entre otros.
Para enfrentar este impacto psicológico, UNICEF España considera imprescindible desarrollar estrategias a largo plazo que aborden tanto las necesidades inmediatas como las consecuencias duraderas de la DANA que pueden afectar al bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes durante años si no se tratan adecuadamente.
Finalmente, la recuperación no se puede hacer sin los niños, niñas y adolescentes, por ellos UNICEF España pide recuperar el normal funcionamiento de estructuras de participación infantil municipal preexistentes en cuanto sea posible, así como asegurar que la información difundida por las autoridades está disponible en formatos adaptados a la edad.
[1] Datos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
[2] Datos del sistema europeo de emergencias por satélite Copernicus EMS.
[3] Datos de la Conselleria de Educación, Generalitat Valenciana. [4] Datos de la Conselleria de Educación, Generalitat Valenciana.
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