Lourdes Paredes Cuellas

Actualidad -

Un total de 11 de 15 medidas aprobadas en materia de sanidad en dicho documento fueron propuestas por la Comisión Interhospitalaria formada por distintos profesionales de diferentes áreas

Profesionales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir han participado durante los dos últimos años en la Ponencia que la Comisión de Igualdad del Senado instó a crear en 2016 para analizar la estrategia que ayudara a alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Estos trabajos se materializaron recientemente en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de agosto y convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 12 de septiembre.

11 de las 15 medidas aprobadas en materia de sanidad de dicho Real Decreto-ley han sido propuestas por la Comisión Interhospitalaria, formada por distintos profesionales de diferentes áreas. Estas propuestas fueron expuestas previamente en la Ponencia creada por la Comisión de Igualdad del Senado a través de una comparecencia de uno de los profesionales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, Rafael Espino, facultativo especialista en Medicina de Familia, experto en violencia de género y formador de la RedFormma, en la que participaron otras 51 personas expertas en la materia.

La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir lleva desde sus inicios trabajando en violencia de género. Así, por ejemplo, la Agencia recibió en 2009 el premio Meridiana en la categoría ‘Iniciativas contra la violencia de género’ por un protocolo de detección en urgencias que se había desarrollado en el Hospital de Montilla. Del mismo modo, en 2016 uno de sus centros, el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, fue reconocido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dentro del Sistema Nacional de Salud por sus ‘buenas prácticas’ en violencia de género, que están extendidas al resto de centros de la Agencia (los comarcales de Andújar y Montilla y los de Alta Resolución de Sierra de Segura, Alcaudete y Alcalá la Real -en Jaén- y Valle del Guadiato -en Córdoba-.

Algunas de las modificaciones que se incluyen en el Real Decreto-ley devuelven a los Ayuntamientos las competencias en violencia de género, además de fortalecer la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género. Igualmente, se recoge que la acreditación de las situaciones de violencia de género se amplíe más allá de la sentencia o resolución judicial. Con esta iniciativa se da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia de género.

Comisión Interhospitalaria

La Comisión Interhospitalaria contra la Violencia de Género de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir se creó en 2012. Está formada por distintos profesionales de diferentes áreas y pretende, principalmente, auditar todas las actuaciones que realizan sus centros incluidas en el plan estratégico.

Entre sus actividades se encuentran dar respuesta a los objetivos del Contrato Programa emitido por la Consejería de Salud; mantener reuniones de forma periódica para seguimiento y evaluación del cuadro de mandos; centralizar la representación fuera del centro con el resto de instituciones; estudiar nuevas propuestas y procedimientos y establecer las áreas de mejora necesarias; debatir sobre casos asistidos en el hospital a modo de sesión clínica con los profesionales implicados; resolver y/o buscar la solución a cuantas incidencias se detecten; mantener un seguimiento de los informes semestrales realizados sobre la actividad en el hospital; y asesorar a profesionales que se encuentran atendiendo a mujeres en situación de malos tratos, manteniendo interconsultas periódicas si fueran necesarias.

La Comisión también se convierte en un órgano asistencial para la atención y gestión de casos de profesionales que están viviendo una relación de malos tratos.

En concreto, las medidas que se propusieron para el Real Decreto-ley, y que ya están incorporadas en los hospitales de la Agencia Sanitaria, son las siguientes: 60, 61, 186, 187, 188 (3), 190, 193 y 248.

Éstas se materializan en: mejorar la detección precoz de la violencia de género en los centros sanitarios a través de una mayor formación especializada de los y las profesionales sanitarios difundiendo los protocolos de actuación; incluir la formación en género en los estudios de los y las profesionales sanitarios y en todos los planes de las especialidades del MIR; revisar y reforzar la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario; adoptar los protocolos sanitarios e historias clínicas para que, en caso de sospecha de que la sintomatología de una paciente pueda estar asociada a maltrato, se active la utilización de protocolos de cribado que permitan ayudar a la identificación de casos de violencia de género -puesta en marcha de una clave de seguimiento en el historial clínico-, solicitar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la elaboración de un programa de actuación específico para la formación de los y las profesionales de los centros de atención primaria ubicados en el ámbito rural; impulsar con las comunidades autónomas la asistencia psicológica a los agresores desde el momento de la denuncia, para reducir el nivel de estrés y agresividad y prevenir daños a la víctima; facilitar el acceso de mujeres y niñas con diversidad funcional/discapacidad a lecturas informativas adaptadas (Braille, comunicación aumentativa, etc.) sobre prevención de la violencia de género, acoso, agresiones sexuales, etc.; y promover un sistema acreditativo de centros contra la violencia de género, identificando aquellos centros públicos o privados, educativos, sanitarios o de cualquier otro ámbito, en los que se dé especial importancia a la prevención y detección de la violencia de género.