Después de casi un año de pleitos e informes, el Ayuntamiento de Pozoblanco ha conseguido que la Confederación Hidrográfica del Guadiana le dé razón y le exima de pagar la multa de 3,4 millones de euros, que el organismo regulador de las aguas le puso por la situación de la presa de arroyo Santa María, según confirmó a ABC el alcalde, Baldomero García. «Aunque ya sabíamos, de manera oficiosa, que no tendríamos que pagar, ayer llegó la confirmación que estábamos esperando», explicó García.

El verano pasado la Confederación declaró el embalse de Santa María ilegal y ordenó la demolición de la presa por el mal estado en el que se encontraba. «La presa no se va a derribar», aseguró García. La Confederación justificó la demolición por el riesgo que conllevaba. En su orden aseguró que el mal estado en el que se encontraba acrecentaba el riesgo de que reventara. En el primer recurso del Consistorio, el equipo de gobierno explicó que el pantano está dedicado a la pesca deportiva y que desaparecerían numerosas especies que en él habitan.

Los primeros recursos consiguieron que la presa no se demoliera, aunque la Confederación del Guadiana mandó vaciar el pantano hasta que tuviera un tercio de su capacidad. De este modo, estimaban que no reventaría y que las especies se podrían conservar. Con estos desagües se arreglarían los desperfectos. Después de meses vaciando, y sin poder aprovechar el agua para regar por mandato de la Confederación, se paró el desembalse. Pero unas lluvias torrenciales hicieron que volviera a saltar la alarma y la Confederación volvió a pedir un nuevo desembalse. Una vez parados los desagües se pidió el arreglo del aliviadero del pantano.

Pero en noviembre del pasado año, el organismo de aguas admitió a trámite el recurso para legalizar el embalse y, después de más de veinte años construido, se comenzaban a poner las bases para que la presa sobre el arroyo de Santa María pudiera tener todas las licencias y papeles en regla. «Ahora ya está regularizado», sentenció el alcalde.

Sin competencia municipal

Tras un año de recursos, se ha conseguido que la sentencia inicial de la Confederación del Guadiana, que obligaba al Ayuntamiento a pagar 3,4 millones y a demoler el embalse de la pesca deportiva, se haya quedado en un susto. «También hemos conseguido que en caso de que haya que abordar algo la competencia la tenga la Confederación. Si hay que restituir el cauce del río en un futuro será la Confederación la que tenga que hacerlo junto con el Ayuntamiento», explicó García.