Lourdes Paredes Cuellas

Actualidad -

El Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba aumenta en un millón de euros la partida inicial prevista para el mismo

El Instituto Provincial de Bienestar Social posibilitará la contratación, durante los próximos meses, de 530 personas a través del programa de Empleo Social, gracias al incremento en un millón de euros de la partida inicial prevista para el mismo y a la aportación que realizan también los ayuntamientos.

Así lo ha explicado el presidente del IPBS, Francisco Ángel Sánchez, quien ha destacado que “con este número de contrataciones, tan necesarias tras el covid-19, damos respuesta una vez más a las necesidades, en este caso laborales, de las personas más vulnerables, así como a los municipios de la provincia”.

“Desde el inicio de la pandemia teníamos muy claro que debíamos adaptar los servicios sociales a la situación excepcional que estábamos viviendo y, para ello, era necesario no sólo impulsar nuevas medidas e iniciativas con las que combatir las consecuencias generadas por el coronavirus, sino también reforzar los programas estructurales con los que venimos trabajando desde hace tiempo”, ha indicado Sánchez.

El diputado ha recalcado que “este es el caso del programa de Empleo Social, que se ha convertido en un instrumento eficaz de colaboración con nuestros ayuntamientos menores de 20.000 habitantes para la inclusión social y laboral de personas con dificultades para acceder a un puesto de trabajo y a otros procesos normalizados de integración”.

Prueba de su eficacia y demanda, ha añadido el presidente del IPBS, es que “desde inicios de año y hasta el 4 de junio, la gestión de este programa ha posibilitado la realización de 446 contratos en 58 municipios de la provincia, que han supuesto una inversión total para el Instituto Provincial de Bienestar Social de 843.759 euros, y que se traduce en la ejecución del 100% de su partida inicial”.

Sánchez ha querido ahondar en que “el objetivo de perseguimos con este programa no es otro que mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, propiciando su integración mediante el contacto con el mundo laboral”. Asimismo, ha apuntado, “pretendemos favorecer a los municipios más pequeños en cuanto al grado de financiación que reciben para dichas contrataciones, pues no debemos olvidar que su contribución  y participación en el mismo conlleva un mayor esfuerzo en comparación a otros de mayor población”.

En este sentido, el diputado ha informado que “hemos incluido un criterio de discriminación positiva, favoreciendo a los municipios más pequeños, y que habrá tres tramos diferenciados, que corresponderán a aquellos municipios con una población igual o inferior a 3.000 habitantes, que aportarán un mínimo del 20% de la financiación; entre 3.000 y 5.000 habitantes, que darán un mínimo del 30%; y mayores de 5.000, que continuarán como hasta ahora”.