La delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, ha realizado un balance del Servicio de Consumo del pasado año. La delegada ha incidido en la idea de la importancia del área, ya que “todos somos consumidores y usuarios de bienes y servicios”.

El servicio de Consumo trabaja en tres áreas: formación, defensa e inspección. Como ha informado la delegada, en 2023 recibió 630 reclamaciones, un 23% relacionadas con los suministros esenciales (electricidad, agua y gas), lo que supone un total de 149. Un 16,35% están relacionadas con el comercio, concretamente 103. Un 13,49% de las mismas tiene que ver con los vehículos, en concreto, 85. Por su parte, el sector de las telecomunicaciones representa un 9,68%, 61 reclamaciones. El 5,56% en materia financiera e inversión, con 35 reclamaciones. Le siguen con un 4,6 % las reclamaciones de servicios sanitarios, con 29. Mismo porcentaje y reclamaciones se lleva el sector de hostelería y turismo. También con un 4,6% pero con 20 reclamaciones se encuentra el sector del transporte, situándose a continuación sectores como el ocio, el juego o los seguros.

María Jesús Botella ha informado que de estas reclamaciones aún se están tramitando 30 expedientes y 600 están finalizados. Las causas se reparten en 47 con acuerdo entre partes, 97 por desavenencias, 101 por inadmisión a trámite, 46 por desistimientos y 246 por inhibiciones.

Sobre el agua

El Servicio de Consumo también tramita reclamaciones de expedientes de agua en el marco del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. Estas se refieren a peticiones de verificación de los contadores ante facturas por excesivo consumo, pedir la lectura del contador ante la Delegación, así como disconformidad por las tarifas o liquidaciones por fraude. Estas reclamaciones han arrojado la tramitación de 11 expedientes. Igualmente, Consumo lleva un registro de usuarios a los que se les interrumpe el servicio domiciliario por impago. En 2023 se ha comunicado por las empresas concesionarias de agua 310 cortes de suministro a consumidores. En cuanto al bono social, desde que en 2017 se regula por decreto la figura del consumidor vulnerable para la energía eléctrica, Consumo acoge las reclamaciones por discrepancias en cuanto a la consideración o no de esta figura de consumidor vulnerable. En 2023 se han tramitado 8 expedientes.

Por último, respecto al registro de las comunicaciones de la suspensión de suministro por parte de las comercializadoras de energía respecto de los puntos de suministro, se han comunicado 202 casos de esta interrupción del suministro.

Subvenciones a asociaciones y entidades locales

Botella se ha referido igualmente a las subvenciones por parte de Consumo a asociaciones de consumidores y usuarios, así como a las entidades locales. En total, se han destinado 146.524 euros. En la línea de asociaciones se han subvencionado 64.566 euros, 48.000 para UCE y 16.500 para Facua. En la línea de administraciones, se subvencionan gastos de equipamiento y funcionamiento de los servicios municipales de consumo. Ha habido 15 beneficiarios con 81.958 euros. Consumo asesora igualmente a los ayuntamientos para las oficinas municipales de información al consumidor y los puntos de información. En este sentido ha reconocido también la labor de la Diputación, que gestiona los puntos de información y tiene en marcha el programa Aquí esta tu punto de información más cercano. Con todo ello, Botella destaca que la provincia cuenta con 61 recursos de información y protección y ha recordado que “en 2022, la Junta puso en marcha un mapa de recursos de consumo, la herramienta Seromic, que refleja que Córdoba es la provincia con mayor número de puntos y oficinas del consumidor, un 24% del total andaluz”.

Campañas de inspección

Las campañas de inspección del Servicio de Consumo están orientadas como ha explicado la delegada al “buen funcionamiento del mercado erradicando prácticas que puedan vulnerar los derechos del consumidor, así como velar por las situaciones de competencia desleal”. En 2023 se han tramitado 1.241 expedientes, se han levantado 2.220 actas y se han visitado 936 establecimientos, todo ello mediante un programa de campañas de inspección que anualmente aprueba la Consejería de Salud y Consumo y que el pasado año supuso en la provincia 19 campañas de inspección para el control de alimentos, de productos industriales y de servicios. Por último, Botella se ha referido a la Red de Alerta de Productos de Consumo que “vela por el intercambio de información entre administraciones para el control del mercado cuando hay sospechas de algún producto por incumplir la normativa y presenta riesgo de asfixia, electrocución, intoxicación o quemaduras, entre otros”.

El pasado año se efectuaron 1.211 actuaciones para localizar estos productos y posterior toma de muestras para su envío a laboratorios para comprobar la calidad y seguridad. En 2023 se tomaron 71 muestras y de ellas 45 no cumplían la normativa. 24 correspondieron a alimentos, 27 a productos alimentarios, 12 a juguetes, 7 a disfraces y caretas y 1 a gasolina.

JUNTA DE ANDALUCÍA