Lourdes Paredes Cuellas

Peñarroya-Pueblonuevo - Actualidad -

FUENTE: abc.es

El martes 22 de octubre, agentes de la Guardia Civil detuvieron a la exalcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz, a dos empresarios e imputaron a un total de once personas en el marco de la llamada operación Rocket. ABC Córdoba ha tenido acceso a documentos del sumario que se instruye en el Juzgado de Primera Instancia de la localidad. Y lo que dicen los documentos —las investigaciones suman ya un millar de folios— es que se trata de mucho más que una «vendetta» política contra el PSOE urdida desde el Ministerio del Interior. Lo que hay detrás son presuntas irregularidades,algunas de ellas muy graves, en proyectos cuya subvención suma 12,5 millones de euros, más de 2.000 millones de pesetas. Estos son los elementos fundamentales del sumario.

1. El tren del Guadiato

Es el tema matriz del escándalo. Su coste era de 14 millones aunque, en realidad, sólo se llegaron a gastar 1,4 millones de euros. La Guardia Civil explica en un informe «que un número de empresas estaban supuestamente concertadas con el Ayuntamiento y la sociedad municipal Promociones Industriales Valle Alto Guadiato (Pivag) con la finalidad de beneficiarse económicamente de forma fraudulenta». Es sabido que el Miner pagó por la supuesta rehabilitación de una serie de maquinaria que iba a servir para exposición o para un proyecto turístico ferroviario. Lo que es menos conocido es que la Guardia Civil sabe que los procedimientos de contratación, directamente, se ignoraron «o fueron fraudulentos» para beneficiar a unas empresas. Dos detenidos en el caso, Carlos G. y Ricardo O., responsables de supuestos centros históricos del ferrocarril, se beneficiaron, dice la investigación, con pagos concretos y directos de sus gestiones por elegir a las empresas adjudicatarias de los proyectos. Es decir, cobraron comisiones o lo que un informe de la policía judicial describe como «una remuneración» por sus gestiones. Un tercer elemento es que las facturas pagadas por el Miner aparecen infladas o certificadas de forma irregular.

2. Proyectos de ingeniería

Los Miner pagaron 755.583 euros por redactar proyectos de urbanización a un estudio de arquitectura de Córdoba, que fue registrado por los agentes de la Guardia Civil. La investigación dice haber hallado «facturas incongruentes» con las condiciones de la subvención, al menos, en sus fechas, lo que implicaría que no podrían cobrarse. El sumario alerta sobre la ausencia sobre los procedimientos de contratación y la justificación de las entregas con objetos ajenos al contenido de las ayudas.

3. Los terrenos del FEVE

Los fondos Miner financiaron la adquisición de antiguos terrenos de la compañía Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE)que operaban en zonas mineras. El Gobierno entregó 870.000 para que el Ayuntamiento, gobernado por Luisa Ruiz, adquiriese esas propiedades. El problema fundamental es que la empresa municipal Pivag los pagó sin una tasación previa, ni de los servicios oficiales ni de técnicos independientes. Directamente, no consta que el Ayuntamiento de la localidad pagase dinero de acuerdo a criterios objetivos.

4. Dotación en un polígono

El Gobierno central abonó 1,89 millones para llevar los servicios a uno de los polígonos industriales de Peñarroya. La investigación tiene indicios serios de que la empresa de ingeniería que se contrató para realizar el proyecto se hizo prescindiendo de un procedimiento reglado de contratación. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sospecha seriamente que se utilizó una factura para «cuadrar» el montante de la subvención y que ésta se pudiera cobrar entera a pesar de que su justificación está siendo objeto de análisis. La empresa ajudicataria fue registrada.

5. Mina Santa Rosa

Con dinero del Miner, se realizaron trabajos de recuperación del suelo de la mina Santa Rosa por valor de 398.000 euros. Las investigacioneshan encontrado deficiencias en la elección de las empresas que planearon la actuación y las que se eligieron en el desarrollo del proyecto.  Por la fecha y el concepto, en el sumario se cree que se confeccionaron facturas para poder cobrar íntegra la ayuda.

6. La galería simulada

El Instituto para la Rehabilitación de zonas Mineras pagó al Ayuntamiento gobernado por Luisa Ruiz 407.450 euros para reconstruir una galería simulada en la mina Santa Rosa. Los agentes de la Guardia Civil han encontrado irregularidades en todos los procesos para elegir a las empresas que participaron en el desarrollo de la actuación. Todo se hizo desde la empresa pública que presidía Luisa Ruiz.

7. Accesos a Los Pinos

Es uno de los grandes expedientes subvencionados de los Miner, un acceso desde la A-449 hasta el polígono de Los Pinos, con 1,9 millones. La investigación entiende que hubo irregularidades en la contratación de la empresa de ingenería que llevó el proyecto. En segunda instancia, los agentes de la Guardia Civil creen que se facturaron dos veces las mismas obras para hacer creer al Ministerio de Industria que, en realidad, el coste había sido mayor del que realmente había sido. La constructora que realizó la actuaciones fue objeto de un registro por los investigadores mandados por el juzgado.

8. El Cerco Industrial

El gobierno municipal de Luisa Ruiz recibió tres millones de eurospara pagar los terrenos de este antiguo enclave minerometalúrgico. En ese caso, sí hubo una tasación de los terrenos pero tiene fecha posterior al del cierre de la operación y su importe es, exactamente, el del precio de compra-venta. La sospecha es que se fabricó la documentación para que pareciese que un acuerdo arbitrario entre la alcaldesa y los antiguos propietarios era legal.

9. Suelos rústicos

El Ayuntamiento compró suelos con 1,8 millones del Gobierno central para futuros polígonos industriales. En este caso, el sumario dice que ni siquiera coincide con lo que se compró con lo que aparece en escrituras. De hecho, las indagaciones realizadas por el juzgado han podido acreditar que las copias de la Notaría, que fue registrada, no coinciden en función de la fecha en la que fueron cotejadas. Tampoco coinciden las copias en poder del Ayuntamiento y las que éste le entregó al Ministerio de Industria para la justificación de las cantidades.

La excaldesa y exmiembro de la ejecutiva del PSOE-A fue puesta en libertad por presuntos delitos delitos contra la Administración Pública, fraude y falsedad documental.