Lourdes Paredes Cuellas

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El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, mantuvieron ayer un encuentro con alcaldes de la provincia con el objetivo de transmitirles información acerca de las medidas que, en materia de vivienda, está desarrollando la administración autonómica y con la pretensión de coordinarlas con las iniciativas puestas en marcha en el ámbito local.

Ruiz ha puesto de manifiesto la intención de la Diputación de sumarse al convenio firmado entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Andalucía que permitirá coordinar iniciativas en materia de vivienda “orientadas a las familias que más lo necesitan”.

El presidente de la institución provincial ha recordado que “esta Diputación ha puesto en marcha la Oficina de Intermediación Hipotecaría para ayudar a familias que tienen dificultades para afrontar los pagos de su hipoteca”.

“Además, se han implementado planes como el Plan de Adecuación Funcional de la Vivienda, dotado con 600.000 euros, y se está trabajando en un proyecto destinado a microrreformas y que contará con 200.000 euros de presupuesto”, ha continuado Ruiz.

Finalmente, el presidente de la Diputación ha hecho hincapié en el “asesoramiento técnico que desde estas instituciones damos a los municipios menores de 20.000 habitantes y que en esta ocasión se va a enfocar hacia la elaboración de los planes municipales de vivienda”.

 Por su parte, el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha afirmado que “en momentos de dificultades como los que se están viviendo, se hace más necesaria la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno de la administración”.

López ha señalado que “la firma del convenio, citado por el presidente de la Diputación de Córdoba con la FAMP y el Consejo General del Poder Judicial, pretende responder de la forma más ágil posible a las personas que se ven en situación de desahucio, de manera que una vez saltada la primera alarma haya información que nos permita reaccionar a tiempo para impedir que una persona acabe perdiendo su vivienda”.

“Desde la Junta de Andalucía se están poniendo en marcha medidas para paliar las consecuencias de esta situación, tanto en el ámbito económico como en el ámbito normativo”, ha continuado López.

Según el consejero de Fomento y Vivienda, “se está trabajando en una Ley de Retracto que se marca como objetivo hacer posible la adquisición de una vivienda en el proceso final, de forma que, con esta compra, la Junta incremente el parking de vivienda y se impida que una familia sea desalojada, pudiendo seguir en su domicilio a través de un alquiler social”.

López ha concluido señalando que “se hace necesaria una cooperación que haga posible que vayamos más allá de la responsabilidad que tenemos como institución para que podamos trabajar conjuntamente y poner sobre la mesa medidas que sean realmente útiles”.