Lourdes Paredes Cuellas

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El Grupo Popular en la Diputación de Córdoba ha exigido hoy la construcción de todas la depuradoras que quedan pendientes tras el convenio firmado entre la Diputación de Córdoba y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, así como que se suspendan las sanciones por vertidos a los mientras se lleva a cabo la construcción de estas infraestructuras hidráulicas y su puestas en funcionamiento.

Así lo ha anunciado el portavoz popular en el Diputación Provincial, Luis Martín,   quien ha justificado esta propuesta por el perjuicio económico y la insostenible situación a la que se enfrentan numerosos municipios de la provincia de Córdoba y la empresa pública EMROACSA ante el incumplimiento del convenio sobre construcción de depuradoras.

El  13 de Febrero de 2004 se aprobó un Convenio de Colaboración entra la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y esta Diputación Provincial con el objetivo de mejorar de la gestión del saneamiento y la depuración en 43 municipios de la provincia de Córdoba, construyendo depuradoras necesarias para ello. Seis años más tarde sólo 19 de esas 43 previstas están en servicio, y en ellas un estudio reciente está planteando su ampliación o nueva construcción. Para Luis Martín, este incumplimiento flagrante del PSOE a nivel andaluz y cordobés, podríamos introducirlo en el saco de los incumplimientos, acuerdos y promesas anunciadas y firmadas con los ciudadanos de esta provincia que permanecen en el cajón de la mesa del algún consejero de turno.

Pero en este caso no sólo estamos ante un problema medioambiental, sino que además está repercutiendo negativamente en la financiación de los ayuntamientos de la provincia ya que al no tener depuradoras reciben multas por vertidos, que en el último año han ascendido a 694.014 euros, y en lo que va de año 2010 ya van más de 400.000 euros.

A esto hay que añadir el canon que se paga de control de vertidos, que en la actualidad asciende a 610.515 euros. Esta situación pone en quiebra a los ayuntamientos de la provincia, con independencia de que las sanciones y el pago sean abonados por la Empresa Provincial de Aguas (EMPROACSA) a los ayuntamientos de la provincia que firmaron en su día el convenio con esta empresa referido al ciclo integral del agua. En definitiva, o ponemos en situación de quiebra a los Ayuntamientos o a la Empresa Provincial de Aguas, afirma el portavoz popular.

Este afán recaudatorio, a nuestro juicio, no responde a un criterio medioambiental sino a obtener ingresos para que la Junta de Andalucía pueda pagar los gastos originados por el funcionamiento de sus organismos y empresas, dice Martín, y añade, dándose además la paradoja que la misma Administración que se ha comprometido y obligado a construirlas, la Junta de Andalucía a través de sus Consejerías y Empresas Públicas competentes, es la que realiza los expedientes sancionadores, el gobierno socialista de la Junta es juez y parte en este desaguisado.

Por ello, el Grupo Popular en la Diputación propone instar a la Junta de Andalucía al cumplimiento inmediato y total del convenio de colaboración aprobado por este Pleno en sesión del día 13 de Febrero de 2004, licitando y construyendo las depuradoras pendientes; solicitar a la Junta que queden en suspenso las sanciones por vertidos contra los ayuntamientos que carecen de instalaciones de depuración, por no ser ellos responsables en la construcción y puesta en funcionamiento de las mismas; y acordar un protocolo de actuación entre la Diputación Provincial, la Agencia Andaluza del Agua, las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, la Consejería o Empresa Pública que tenga la encomienda de gestión, para resolver la situación de sanciones y canon de control de vertidos que tienen los ayuntamientos de nuestra provincia y la Empresa Provincial de Aguas.

OBRAS DE LOS AYUNTAMIENTOS POR LOS DAÑOS DE LAS LLUVIAS

Por otro lado, el Grupo Popular en la Diputación de Córdoba ha propuesto también al Pleno provincial aceptar que los Ayuntamientos de la provincia con proyectos de obras aprobados con una subvención por la Orden Ter/1005/2010 de 22 de Abril, puedan financiar el resto del importe de las obras mediante las subvenciones que puedan concederse por la Diputación de Córdoba, incluidas las que se deriven de la nueva edición del Plan Proteja de la Junta de Andalucía.

La Orden TER/1005/2010 de 22 de Abril del Ministerio de Política Territorial reguló el procedimiento de concesiones para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas. 

El artículo 7 al fijar la cuantía y límites de la subvención estatal señalaba que la subvención del Estado sería de hasta el 50% del importe de las obras y que el resto del importe de las obras deberá financiarse mediante aportaciones de los Ayuntamientos afectados, mediante las subvenciones que pueda conceder las Diputaciones Provinciales y las Comunidades Autónomas, en atención al ámbito territorial de cada entidad, o de cualquiera otra Entidad pública o privada.

Aprobadas las asignaciones de las subvenciones correspondientes a distintos municipios de la provincia de Córdoba, la gran mayoría de ellos tienen dificultades para completar la financiación de los proyectos de obras, por lo que estos deberá acogerse al artículo 7.2 de la citada Orden, es decir, aplicando subvenciones que puedan conceder las Diputaciones Provinciales y las Comunidades Autónomas.

En la actualidad y de acuerdo con el Decreto Ley 3/2010 de 8 de Junio que regula una nueva edición del Plan Proteja, este según la exposición de motivos es un instrumento más flexible para que los alcaldes puedan gestionar mejor permitiendo inversiones que sería difícil llevar a cabo y considerando prioritarias la reparación de los daños causados por los temporales del pasado invierno. El artículo 31 del citado Decreto-Ley en cuanto a las actuaciones financiables del subprograma provincial se remite al artículo 3 en cuanto a las actuaciones y gastos financiables, destacando cualquier obra de interés municipal.

Con fecha 12 de Julio de 2010, el Presidente de esta Diputación Provincial ha comunicado la imposibilidad de  que los Ayuntamientos puedan financiar proyectos de obra de de los aprobados por la Orden TER/1005/2010 de 22 de Abril, de los que provengan de esta Diputación Provincial a través del Programa Proteja 2010, causando además de una indefensión de  los Ayuntamientos por no poder recurrirse una comunicación, una preocupación por ser esta comunicación contraria a la información facilitada por la propia Junta de Andalucía y por sus responsables políticos y que aparece recogida en los medios de comunicación.