Publicado el 21 de Diciembre de 2017, Jueves Lourdes Paredes Cuellas
Actualidad -
· Esas ayudas proceden de los fondos europeos Feader que
gestionan y tramitan las comunidades autónomas
· Cabezas ha exigido a la Junta que apueste por los GDR
para que Andalucía no tenga que devolver a Europa ni un solo euros de los que
recibimos
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La diputada nacional del Partido Popular de
Córdoba Isabel Cabezas ha lamentado que la Junta de Andalucía haya dejado pasar
3 años en la apertura de las ayudas a los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), y
lo estamos pagando.
Cabezas ha hecho referencia en relación a la
convocatoria de ayudas a los GDR para 2017 que se publicó el pasado 29 de
noviembre. “El gobierno andaluz ha estado ralentizando esta convocatoria de
ayudas que reciben los GDR para poder llevar a cabo proyectos empresariales y
de emprendimiento en muchos de nuestros municipios, con los perjuicios que esto
ha supuesto tanto para los grupos como para los empresarios y los municipios”,
dice.
La diputada popular ha responsabilizado a la
Junta de Andalucía de las consecuencias que ese retraso en las ayudas a los GDR
ha supuesto en la provincia de Córdoba. “Muchas empresarios y emprendedores que
esperaban estas ayudas para poner en marcha, ampliar y modernizar sus negocios han renunciado a esto por la
falta de apuesta de la Junta en la gestión y tramitación de esos fondos
europeos”, dice Cabezas.
Las ayudas que reciben los GDR proceden de los
fondos europeos Feader que gestionan y tramitan las comunidades autónomas.
“Cada vez existe más burocracia en la gestión de estas ayudas, pero lo que no
tiene razón de ser es que Andalucía sea la comunidad autónoma de España con más
retraso en la apertura de esos fondos; los tramites administrativos europeos
son los mismos para todas la comunidades, pero está demostrado que en Andalucía
no ha existido voluntad política para agilizar estas ayudas”, afirma Isabel
Cabezas.
Otra consecuencia de ese retraso es que los
propios GDR han tenido que reducir a su personal técnico por la falta de
financiación por parte de la Junta de Andalucía, en algún caso incluso han
tenido que cerrar sus puertas. “Ante esto la Delegación de Agricultura en
Córdoba ha demostrado su inacción y falta de disposición para resolver este
asunto, que ha llevado en algunos casos a que los propios ayuntamientos tengan
que hacer frente a los costes del personal técnico de esos GDR para que
pudieran seguir prestando servicio a los empresarios y emprendedores de ese
municipio”, denuncia la diputada cordobesa.
En cuanto a la estimación que hace el Consejero
de creación de 209 puestos de trabajo en la provincia de Córdoba hasta
2020, desde el Partido Popular nos
gustaría saber en base a qué criterio se hace ese cálculo. "De cualquier
manera, esa cifra es totalmente insuficiente para una provincia castigada por
el desempleo y que no consigue levantar cabeza por la falta de políticas de
empleo efectivas que el Partido Socialista lleva a cabo tanto en la Junta, como
en la Diputación provincial como en muchos ayuntamientos de nuestra provincia”,
dice Cabezas.
Así mismo, la diputada popular ha exigido a la
Junta que apueste por los GDR para que Andalucía no tenga que devolver a Europa
ni un solo euros de los que recibimos. Ahora serán los técnicos de los GDR en
Córdoba los que tendrán que soportar toda la presión.
Según han puesto de manifiesto esos propios
grupos, van a tramitar los expedientes y a hacer las propuestas de aprobación,
además de los controles administrativos. Y lo que más preocupa es cómo va a
funcionar la coordinación con la Junta, ya que los expedientes se tienen que
presentar a través de tramitación electrónica en muchos de los casos y esto es
un nuevo escenario para todos.
También preocupan los plazos de ejecución del
programa, porque la primera evaluación será a finales de 2018 y hay que ser muy
ágiles para poder cumplir y no nos encontremos con una reducción de fondos,
asegura Cabezas.
Ante esta situación -explica la diputada
popular- los técnicos de los GDR todavía
no conocen muchos de los aspectos de la tramitación, aún no existe el manual de
procedimiento, faltan modelos, la plataforma para la gestión aún no está del
todo puesta en marcha. “No tienen delegadas aún todas las funciones que tienen
que desempeñar, y lo más grave es que el plazo de presentación acaba el 29 de
enero”, concluye.
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