Fuente Obejuna - Política -

La alcaldesa de La Carlota y coordinadora de igualdad del PSOE, Rafaela Crespín Rubio ha participado en un acto público que, celebrado en la Casa del Pueblo de Fuente Obejuna, trató acerca de la reforma del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Crespín adelantó  que “el PSOE ya ha advertido que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad, primero, porque va en contra de lo que la Constitución nos reconoce a las administraciones locales y además, porque va en contra del Estatuto de Autonomía”. Rafaela Crespín añadió que “queremos explicar a todos los ciudadanos que los Ayuntamientos van a quedarse sin competencias, con lo cual, será una administración que no es votada por ningún vecino, que es la Diputación, la que va a gestionar todos los servicios”, puntualizando que “cuando digo todos, quiero decir todos”. A su juicio, el resultado será que “vamos a dejar las zonas rurales vacías, porque los ciudadanos no van a tener una escuela infantil, transporte, un hogar de mayores, nada de nada. Eso significará que habrá ciudadanos de primera y de segunda”, subrayando que “el PP defiende que si un servicio no es sostenible, no puede existir y los socialistas creemos que las administraciones no somos empresas que van buscando el beneficio, la administración pública debe defender los servicios públicos y la igualdad de oportunidades de todos los vecinos”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Rafael Delgado explicó que “nos encontramos con que muchos de los servicios que se prestan ahora a través del Ayuntamiento, se van a tener que dejar de aplicar porque así lo establece la ley, que los denomina atípicos “ y dijo que “saliendo de servicios como la limpieza viaria, luz, basura, que sí consideran que pueden ser prestados – aunque también es verdad que los regula, y aquellos que no sean rentables va a obligar a que se externalicen -,  nos encontramos con el problema de que otros que está prestando el Ayuntamiento de Fuente Obejuna como educación, con dos casos muy elocuentes, que es la guardería municipal y la escuela de música, pues son atípicos según esta nueva ley, y se tendrán que dejar de prestar”. Delgado hizo referencia en el mismo sentido al “transporte, o el servicio de ambulatorios de las aldeas o las prestaciones del servicio sanitario, que  se prestan de forma rotatoria, en las distintas aldeas”. Finalmente, Rafael Delgado manifestó que “nosotros hemos presentado tres mociones a lo largo de este año, dos en contra del proyecto de ley y ahora, nos estamos postulando en contra de la ley”, especificando que “es de tal gravedad de lo que estamos hablando que, habiendo presentado durante estos dos últimos años, del orden de 15 o 20 mociones, es la única que el equipo del PP ha estimado, nos pidió en el último pleno dejarla sobre la mesa para su estudio, y es que están viendo la injusticia de esta ley”.

La secretaria general de la agrupación mellariense, Esther Ruiz Córdoba, que también desempeña el cargo de Secretaria de Educación Regional del PSOE de Andalucía manifestó sentirse “bastante indignada con este tipo de reformas porque a Fuente Obejuna, al ser un municipio con menos de 20.000 habitantes, le afecta directamente y al contar con aldeas, más todavía”. Esther Ruiz ofreció datos que apuntan a que “4000 plazas de residencias de mayores van a desaparecer; 97.000 personas se quedarán sin ayuda a domicilio y más de 40.000 empleados de Ayuntamiento de Andalucía, en desempleo”, destacando que “son cifras escalofriantes, nos afectan a todos” y añadiendo que “los Ayuntamientos se quedan sin competencias tanto en educación, empleo, sanidad, Servicios Sociales, juventud, innovación e igualdad” , por lo que “la ley afecta a los más débiles, ya que un tercio de los Servicios Sociales, desaparecen en los municipios”. Además, continuó Ruiz Córdoba “es una reforma para pagar más, nos suben las tasas el doble o el triple, hecho que no tiene justificación económica, ya que el PP defiende que hay superávit en el Ayuntamiento” y “muchos alcaldes del Partido Popular están en contra, como Ana Botella o Ruiz Gallardón. Es una ley que pone en contra a gente de su propio partido”.

Para la secretaria general de los socialistas mellarienses “estaría todo en Diputación, donde nos vendieron que iban a desaparecer asesores y han aumentado” y concluyó “simplemente es otro cortijo más y cargarse a gente que lleva trabajando en los Ayuntamientos muchos años, con una experiencia  y que con la reforma laboral, tampoco se van a llevar la indemnización que les corresponde”.

Esther Ruiz también dijo que la ley “está en contra de la constitución y contra 15 artículos del estatuto andaluz”, por lo que además del recurso anunciado por Crespín, subrayó “cuando gobernemos, lo primero que haremos es derogarla, porque es la reforma más brutal y más agresiva contra el municipalismo”.