Lourdes Paredes Cuellas

Los Blázquez - Actualidad -

El ayuntamiento de Los Blázquez, en sesión plenaria de 20 de febrero, con el voto a favor del grupo socialista y con el voto en contra del grupo popular, dio poderes al alcalde de la localidad para ejercer las acciones necesarias para formalizar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) con fin de paralizar la Ley de Reforma de Administración Local. Según explicó el primer edil “el objetivo es sumarse a la iniciativa puesta en marcha por el PSOE con el fin de reunir los acuerdos plenarios de al menos 1.600 ayuntamientos de todo el país, que representen a unos 7,5 millones de ciudadanos que respalden el recurso que se va a presentar ante el TC para detener dicha Ley, ya que, vulnera varios artículos de la Constitución Española y pone en grave riesgo la calidad de vida rural que tantos años ha costado conseguir y que está muy arraigado a nuestra autonomía".

Martín calificó la nueva Ley como "antidemocrática que trata de imponer a los pueblos menores un modelo determinado de gestión ajeno a los intereses de los propios habitantes manifestado en las urnas en su día, restringiendo servicios, haciendo con ello ciudadanos/as de primera y de segunda", por eso, añadió, que “haré todo lo posible, mientras ocupe un cargo de responsabilidad, para defender a la ciudadanía y mi pueblo frente a este tipo de atropellos”.

El primer regidor manifestó que “la oposición firme a dicha reforma, pues conllevaría, además, que nuestro ayuntamiento dejaría de tener competencias en determinadas materias algunas de ellas generadoras de empleo, siempre importantes, pero aún más en estos momentos de dificultad para encontrarlo como la ayuda a domicilio; igualmente podría acarrear el despido de personal del ayuntamiento al reducir las áreas en las que estos trabajan, cultura, deporte, guardería; o impuestos relacionados con otros servicios autónomos municipales como el suministro de agua se verían incrementados hasta tres veces más”. Y apostilló que “si pudiera poner más servicios en marcha que supusieran mejorar la calidad de vida y la prestación de servicios sin poner en riesgo otros servicios esenciales, empleos o pagos a proveedores, lo haría”.

Por último el alcalde aunque entendió la postura de la portavoz del grupo popular en defensa a esta Ley puesta en marcha por su partido a la que se están sumando también todos los partidos políticos, reprochó la decisión de votar en contra, aún más después de haber sido alcaldesa y sabiendo que “nuestro deber como alcaldes es defender a ultranza nuestra autonomía local y nuestra capacidad de decisión realizada democráticamente” y nos aclaró que le han llegado noticias de que “algunos municipios gobernados por el partido popular, lejos de obedecer directrices de partido, también se están incorporando a esta iniciativa, anteponiendo el interés general de sus ciudadanos/as que es lo que hay que hacer siempre”.