Lourdes Paredes Cuellas

Peñarroya-Pueblonuevo - Política -

Juan Miguel Ramos Tena.

Secretario de Organización de UDPñ

¿Por qué se escondió a los vecinos la información sobre la regulación del catastro?

El Gobierno del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo, formado por aquel entonces por el  PP en mayoría solicitó de manera voluntaria la regulación catastral, por consiguiente se puede decir que ellos empezaron a aplicar el catastrazo para los  próximos año de la peor manera posible: a escondidas, con mentiras prueba de ello es que en un pleno de final del 2014 se le preguntó a la alcaldesa Srta. María Gil si se estaba regularizando el catastro y contesto que NO.

El error, el gran error de quienes gobiernan el Ayuntamiento actualmente es haber actuado en este caso con cobardía , tratando a los vecinos como ignorantes o como niños a quienes se les oculta la realidad en este caso una subida tributaria  para no hacerles sufrir.

En vez de afrontar con entereza, audacia y responsabilidad una medida tan trascendente como es la subida de los valores catastrales de los bienes inmuebles del pueblo cuyos nuevos recibos fiscales aportarán unos dos o tres millones de euros a las arcas municipales- el alcalde y su equipo de Gobierno tratan de ocultar el catastrazo. Como si tuvieran mala conciencia, y el ejemplo más claro de ello es que ni hablan del asunto ni se han personado en la Gerencia Territorial del Catastro en Córdoba para intentar frenar este abuso (como muchos alcaldes han hecho, entre ellos muchos del PSOE), el único esfuerzo que han hecho es escribir una carta.

El equipo de gobierno ha desaprovechado una extraordinaria oportunidad para haberse mostrado como los nuevos gobernantes que demandó la ciudadanía tras los comicios de mayo. Con el liderazgo, sinceridad, lealtad y coherencia con que se comprometieron a actuar si ganaban las elecciones, en una campaña en la que prometieron a los vecinos transparencia, participación y derecho a la información sobre la gestión municipal, sus socios nombraron unas líneas rojas a este respecto como cada semestre información económica, transparencia total, pues en los últimos estudios el ayuntamiento de Peñarroya ha quedado como uno de los menos transparentes de la provincia ( me imagino que los socios tendrán que decir algo ). Están actuando, como unos viejos políticos, arrastrando los mismos vicios, defectos y pecados que prometieron erradicar. Igual que la clase a la que decían combatir.

¿Por qué han escamoteado a los vecinos la información sobre el catastrazo? ¿Por qué no se comunicó, de frente y a la cara, la subida catastral y se ha tenido que conocer la misma a trancas y barrancas? ¿Qué miedo hay para exponer en público los cambios tributarios municipales? Si de verdad se entiende que es un incremento justificado, ¿por qué se escamotea el debate sobre los nuevos valores catastrales en la radio, para que todos nos enteremos?

Esa actitud timorata, cortoplacista e irrespetuosa con los ciudadanos, ese encogimiento político reacio a propiciar un debate sobre la política fiscal del pueblo es mucho peor que la propia subida del catastro, aplicada con afán recaudatorio en una situación económica muy preocupante, con tasas del paro superiores al 30% y una alta presión fiscal sobre las familias, muchos de cuyos miembros han sufrido congelaciones o recortes salariales, muchas familias sin nada de recursos económicos y viviendo de unos jubilados con unas pagas ínfimas . Y eso sin tener en cuenta además que en los últimos diez años el precio de la vivienda ha bajado.

Es cierto que desde el 2005 no se actualizaban los valores catastrales en el pueblo, pero el alcalde en vez de afrontar esta situación con madurez y seriedad se ha empeñado en sostener en público que el catastrazo, que entra en vigor este año, es una imposición del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, los hechos revelan lo contrario.

En el 2014 la alcaldesa Maria Gil, presentó en la gerencia regional del Catastro la solicitud para proceder a la revalorización catastral de los bienes inmuebles del municipio. Ella, y no el Ministerio, es la que lo solicita, como por ley es preceptivo. Nadie se lo impone. Mantener lo contrario le debiera sonrojar.

Desde entonces ni la anterior alcaldesa ni el actual  alcalde informó de esta solicitud la revisión catastral. Desde  junio se han celebraron plenos, se han concedieron entrevistas, se han hecho muchas fotos y han organizado comparecencias públicas sin que el alcalde y los concejales del Gobierno comunicaran el catastrazo, que se trató de esconder a los vecinos.

Algunos de los argumentos oficiales expuestos ahora para explicar este silencio como que se trata de un asunto muy técnico rozan el insulto a la inteligencia de los miles de ciudadanos afectados. Con desfachatez desde el Ayuntamiento se trató el tema, cuando la polémica reventó tras unas informaciones publicadas por el partido UDPñ. En unas declaraciones del Sr. Alcalde para maquillar la subida catastral propone una supuesta rebaja del 6,7% en el IBI. Para compensar, se decía. Otra falsedad.

Para colmo la retroactividad del Ibi de los últimos cuatro años que en Peñarroya serán cinco (2015,2014,2013,2012,2011 según informan en Hacienda Local). Familias con prestación de 426 euros y sin ninguna prestación han recibido cartas por un importe de 850 euros y otra 925 euros por poner dos ejemplos que no son ficticios. Que dilema pagar el IBI para que el ayuntamiento recaude o dar de comer a sus hijo. La solución es fácil; le darán de comer a sus hijos y no pagarán y me consta que tienen las escrituras de sus casas y su hipoteca en la mesa para entregarlas al alcalde cuando venga a embargarles, si eso ocurre será el primer ayuntamiento de izquierda que desahucie a familias en exclusión social, porque pagar no van a pagar, y yo me pregunto y si supuestamente no pagase ningún ciudadano, ¿nos embargarían a todos?

En la firma del pacto de gobierno entre PSOE, IU el alcalde, sus concejales y sus socios proclamaron el inicio de una nueva etapa con una mayor transparencia en la gestión municipal, ofreciendo información constante y continua a los vecinos sobre el uso de los recursos públicos, propiciando la participación ciudadana en aquellos asuntos de máximo interés. En la gestión del catastrazo es obvio que no ha sido así.