Lourdes Paredes Cuellas

Actualidad -

    ANTECEDENTES
La coalición de gobierno antinatura  PSOE-PP, llevada a cabo con el único fin de desbancarme de la Alcaldía de Peñarroya Pueblonuevo, conllevó un clima de crispación y malestar social tal que se sus protagonistas se vieron obligados a justificarlo de alguna manera. Para ello el grupo de Gobierno promovió una Auditoría llevada a cabo por la empresa ACP Auditores, cuyos resultados aseguraban antes de finalizarse el estudio de la misma, como así declaraban en un programa de radio la Alcaldesa del Exmo. Ayuntamiento Luisa  Ruíz y la Teniente de Alcalde de Hacienda y Personal María del Carmen Márquez, los días 22 de Octubre de 2004 y 18 de Noviembre del mismo año.
 Ante estas graves acusaciones, totalmente falsas y difamatorias, junto con mi equipo de gobierno, al entender que eran constitutivas de un delito de calumnia con publicidad, presentamos querella criminal ante el Juzgado de Instrucción de Peñarroya. Causa que el Juzgado de Instrucción nº 2 de Peñarroya  acuerda quede sobreseída y archivada, pues entiende que se trata de una controversia política, en la que solo se ejerce una crítica respecto del grupo político entonces en el poder municipal, respecto del modo de llevar la contabilidad de los gastos del Ayuntamiento y que tratándose de una colisión entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de información, prevalece este último pues contribuye a la formación de de la opinión pública libre. Debido a la disconformidad con este auto, escribo una carta a D. Ignacio Munitis poniendo de manifiesto mi disconformidad ya que se me estaba negando el derecho a limpiar mi honor, y aunque no era el cauce a seguir pedía la reapertura del caso.
El jueves 4 de Agosto de 2.005 aparece en el ABC de Córdoba el siguiente titular "el fiscal ordena investigar al equipo de gobierno de IU porque dejó sin justificar partidas de más de dos millones de euros" - Las presuntas irregularidades en las cuentas del anterior ejecutivo se produjeron en 2002. Las penas contempladas para este delito oscilan entre 3 y 8 años de prisión. El fiscal jefe de la audiencia Provincial de Córdoba , José Antonio Martín Caro insta al juzgado de Peñarroya que abra diligencias de investigación a la anterior Corporación municipal. Según Martín Caro, la apertura de esta causa penal la desencadenó una información publicada por ABC, que revelaba que el ejecutivo de IU dejó sin acreditar 984.000 euros, según una auditoría solicitada por el que era equipo de gobierno  PSOE-PP.
Un día después , el 5 de agosto, en estos mismos medios , el Secretario provincial del PSOE, José Antonio Ruiz Almenara, señalaba  que este caso de presunta malversación era una de las razones que explicaban el pacto con el PP en el Consistorio.  Pero cómo era posible que un año antes ya supiesen el resultado de dicha auditoria.
En los sucesivos días los titulares en los distintos medios tanto escritos como radiofónicos y televisivos se fueron sucediendo en la misma línea lo que originó, una vorágine de comentarios y descalificaciones que atentaban directamente contra el honor y la dignidad de mi persona y que eran prácticamente imparables ya que en cierta ocasión  comprobamos como la justicia daba predilección al derecho a la libertad de información por encima del derecho al honor.
En Mayo de 2007 se celebran elecciones municipales, y aunque es de uso común que las campañas electorales se hayan convertido en batallas dialécticas, que muchas veces van más allá de lo estrictamente político, esta fue especialmente dura con mi persona como candidato a la alcaldía por I.U. con el que se cebaron , calumniándome y difamándome basándose en un informe de Auditoría falso y sin fundamento ,como años después se ha demostrado, pero defendido firmemente por Luisa Ruiz que lo utilizó como arma arrojadiza durante todos sus mítines. Todos estos acontecimientos pudieron influir en la dirección del voto de aquellas elecciones de 2007, sin bien no debo entrar a valorarlo. No puede el juego político, que hasta cierto punto permite que los representantes de los ciudadanos excedan en sus expresiones, autorizar ciertos comentarios y acusaciones, y queden impunes cuando con ello se lesiona un derecho fundamental de la persona.
El 24 de Septiembre de 2007 recibo la primera comunicación del Tribunal de Cuentas haciéndome saber que la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal había iniciado actuaciones como consecuencia  de las irregularidades detectadas en el informe de revisión y verificación de documentos contables, correspondientes al ejercicio 2002 del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo, realizado por ACP Auditores y Consultores S.L., de las que podrían derivar presuntas responsabilidades contables.
El 23 de Noviembre,  recibo una notificación del Tribunal de Cuentas en la que se me requiere para que reintegrase, o afianzase  la cantidad de 281.147,78 euros, y en atención a este requerimiento  el 3 de Diciembre de 2007 me vi obligado a ofrecer mi vivienda habitual como afianzamiento del importe provisional.
Entre tanto  el Tribunal de Cuentas estudia el informe de la empresa auditora y requiere información al Ayuntamiento en repetidas ocasiones, hasta tal punto que este podría ser sancionado gravemente si en el plazo establecido no facilitaba lo requerido. El 11 de Abril de 2007 la nueva interventora del Ayuntamiento envía un nuevo informe al Tribunal de Cuentas, en el que se especifica que la cantidad sin justificar es de 105 millones , el 51% menos que en el primer informe. De nuevo ante las irregularidades manifiestas la delegada instructora solicita documentación al consistorio. El 3 de Julio de 2007 la nueva interventora emite un informe que especifica que la cantidad sin justificar ahora es de 233.371 euros, el 78% menos que la cifra del segundo informe. Ante estas nuevas cifras  y practicadas las diligencias de investigación oportunas entre las que se encuentra un dosier presentado por nosotros, en el que pese a los pocos medios de los que  disponiamos se recogen facturas de los pagos a los acreedores y el testimonio de estos, resulta que quedan suficientemente acreditados los pagos realizados por el Ayuntamiento de esta localidad a empresas y acreedores particulares, así como las trasferencias realizadas a la sociedad totalmente participada por el Ayuntamiento, Promociones Industriales Alto Guadiato S.L. hasta el punto que el Ministerio Fiscal desiste del procedimiento ante el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de Instrucción Nº1 de Peñarroya dicta el 13 de Febrero de 2009, el sobreseimiento de las actuaciones por no resultar justificada la perpetración del delito que dio lugar a las mismas.
Hoy día, y una vez finalizado un proceso que nunca debió haberse comenzado, me veo en la obligación de pedir que se depuren responsabilidades y se esclarezca por qué el informe emitido por la empresa auditora no se ajustaba a la realidad y se dejaban cantidades sin justificar a pesar de que dichas facturas se encontraban en el Ayuntamiento, el por qué nunca se le preguntó a Manuel Díaz, como interventor que fue en aquella época del Ayuntamiento de Peñarroya y por qué los informes emitidos sucesivamente por las siguientes interventoras tampoco recogían verazmente la información que obraba en el Ayuntamiento y se obviaban facturas que como más tarde se ha demostrado estaban en el Consistorio y que en definitiva se aclare si estos informes se elaboraron de forma negligente o de forma dolosa.