La Plataforma “Unidos Por el Agua”, expone los motivos que le lleva a proponer que se construya una Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) en el propio embalse de La Colada, para la potabilización del agua de dicho embalse. A día de hoy, se está barajando por parte de las administraciones, una opción alternativa que consistiría en realizar esta potabilización del agua de La Colada, bombeando hasta Sierra Boyera y ampliando la estación de potabilización existente en ese embalse; se exponen también los motivos que nos llevan a opinar que esta sería peor opción.

La contaminación de La Colada se debe a la falta de depuración en algunos municipios y a la poca capacidad de la depuradora de Pozoblanco. Además de la falta de control y vigilancia para la protección de nuestros ríos y arroyos. Aunque ya está previsto realizarlas, añadir a la ecuación la falta de infraestructuras en Pozoblanco que recojan y dirijan las aguas residuales hasta su depuradora, ha sido otro gran problema. Todo lo anterior nos confirma que la falta de agua potable en los grifos, obedece tanto a la contaminación del agua de La Colada, como a la falta de inversión y previsión de las administraciones competentes. Construir la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), en La Colada supone tener ambos embalses completos. (Colada y Sierra Boyera) con capacidad propia para generar agua apta para consumo humano.

Renunciar a la ETAP en La Colada supone aumentar el riesgo, repetir la situación actual en nuestros grifos por otra sequía, roturas u otras circunstancias que provoquen no poder bombear a Sierra Boyera. Con ETAP en los dos embalses, el agua potable se supone garantizada en nuestros grifos. En cuanto a costes, es muy relevante desde nuestro punto de vista entender que se han de diferenciar los costes de nuevas infraestructuras, llamados costes de inversión, de los costes del funcionamiento diario del suministro de agua, denominados costes de operación. La inversión inicial para dotar de ETAP a La Colada, será superior a la inversión de ampliar la de Sierra Boyera.

Sin embargo, el coste de operación para que tengamos agua en nuestros municipios será menor porque se ahorrarán 27 km de trasvase y 2 bombeos para mover el agua apta para consumo humano. Esto supone que no aumenten tanto las tarifas que pagamos los usuarios finales. Potabilizar el agua contaminada de La Colada en Sierra Boyera, sin las tecnologías adecuadas y recurriendo a la mezcla del agua contaminada con agua limpia según está planificado, significa que el agua de nuestros grifos pase a ser apta para consumo humano, pero nunca de calidad ya que contendría casi 1/3 del actual nivel de contaminación que la hace no apta. Además la presencia de altos niveles de COT en esta agua apta, reaccionaría con el cloro usado para la desinfección en los municipios, dando origen a sustancias potencialmente cancerígenas. Si los municipios no desinfectan el agua con cloro o derivados del mismo, han de usar métodos de desinfección más caros que llevarán a un aumento inevitable de las tarifas que pagamos.

Además sería contrario a la directiva europea y la normativa española, que no permiten acciones que lleven a la pérdida de calidad de las masas de agua. Pagamos por agua de calidad, no por veneno diluido. Instalar la ETAP en La Colada, con la tecnología necesaria para potabilizar adecuadamente el agua contaminada, significa tener que reforzar la red eléctrica de la zona. Algo muy necesario que se lleva muchos años esperando. Así no se limitarían nuevas inversiones y negocios. Acabar con este obstáculo para el desarrollo de la comarca, debe ser un objetivo prioritario para las administraciones. Es imprescindible aplicar técnicas como la microfiltración combinada, con la ósmosis inversa. Empleando membranas modernas será menor el volumen de agua que queda aún contaminada (inevitable en la ósmosis).

Afirmar que las aguas que salen contaminadas de la ósmosis, no tienen utilidad, no es ser fiel a la verdad, ya que tras un correcto tratamiento se les pueden dar muchos usos. Nuestro objetivo, es conseguir un agua que sea no solo apta para consumo humano, sino un agua de calidad y saludable. Los habitantes de nuestras comarcas no merecemos ser tratados como ciudadanos de tercera. El acceso a los servicios esenciales y de calidad, es un derecho que las zonas rurales nos merecemos tanto como las demás, aunque ello suponga una mayor inversión inicial. Es el principio de equidad, presente en la Constitución Española y en nuestro Estatuto de Autonomía.

Una adecuada gestión de lo público, incluye la necesidad de modificar los planes cuando hay opciones que resultan mejores para la ciudadanía. Con la búsqueda de acuerdos entre administraciones, se generan las sinergias y los recursos necesarios, y se evita que algunas inversiones acaben siendo asumidas a través de los recibos del agua que pagamos. No adaptar los planes por criterios administrativos, es síntoma de desinterés por las necesidades reales y derechos de los ciudadanos. No tener en cuenta la opinión de una ciudadanía organizada, que tiene como único fin luchar por la mejora de un servicio público esencial, y los derechos de los usuarios, resulta contrario a la participación proactiva (y no solo reactiva), de la ciudadanía que tanto promueven nuestros políticos.

Los últimos responsables de la situación creada NO somos los ciudadanos. La gran mayoría cumplimos con las normativas e indicaciones de las instituciones. Además somos los que financiamos los servicios públicos e instituciones, a través de impuestos y recibos. Pero sufrimos los errores de las administraciones públicas y organismos dependientes.

PLATAFORMA UNIDOS POR EL AGUA