Lourdes Paredes Cuellas

Peñarroya-Pueblonuevo - Política -

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLONUEVO

D Pedro Ángel Cabrera Ruiz, Portavoz del grupo de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO/MOCIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2017.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una enmienda a la totalidad pidiendo la devolución al gobierno del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. Hay motivos de sobra para exigir la retirada de este proyecto y, sobre todo, existen alternativas presupuestarias mejores para nuestro país y para la mayoría social.

España aún no ha recuperado los niveles de PIB per cápita existentes en 2007, tenemos 2,5 millones de empleos menos que antes de la crisis y el 28% de las personas viven ahora en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta auténtica década perdida responde en buena medida a los recortes fiscales que se han aplicado durante los últimos años, y que el actual proyecto de PGE consolida y da por buenos.

El gobierno del Partido Popular insiste en aplicar una política económica –nítidamente recogida en sus PGE– que presenta claros límites para abordar los grandes retos económicos y sociales que tiene el país. Es más, el proyecto de PGE del gobierno resulta contraproducente para abordar dichos desafíos, puesto que el gobierno sigue cargando los ajustes macroeconómicos sobre las espaldas de la mayoría social y con estos presupuestos deja atrás a un tercio de los ciudadanos y dificulta el cambio de modelo económico. Profundizar la democracia en nuestro país significa no dejar a nadie atrás.

Nuestra alternativa se basa en unas prioridades de política económica muy diferentes a las que tiene el proyecto del Partido Popular. Por un lado, los PGE presentados por el gobierno vuelven a priorizar una drástica reducción del déficit público, a un ritmo innecesariamente alto (del 4,3% al 3,1% del PIB). Este ritmo es incompatible con los objetivos de las políticas públicas que deberían centrar nuestro esfuerzo: cerrar la fractura social, transformar nuestro modelo de crecimiento y potenciar el empleo de calidad.

Por otro lado, se vuelve a insistir en lograr esa reducción del déficit mediante la consolidación de los recortes en el gasto público, a la vez que se renuncia a poner en marcha una reforma fiscal que le pida más a quien más tiene, y que resuelva el problema de la insuficiencia de ingresos que nos aleja de los países de nuestro entorno.

Los presupuestos presentados para 2017 suponen un recorte en el gasto de 5.000 millones de euros respecto a lo que se presupuestó para 2016, recorte posibilitado por el acuerdo en el Congreso de los diputados del GP PP y GP PSOE -entre otros- del techo de gasto y del límite del gasto no financiero. De hecho, estos presupuestos vienen a normalizar los recortes que se han producido desde 2010 en los servicios públicos fundamentales, consolidando una pérdida de derechos que en su momento se presentó como algo “transitorio” derivado de una situación excepcional. El límite de gasto no financiero es 60.000 millones de euros inferior al de 2010.

Estos presupuestos no revierten los recortes y seguirán alejándonos –un año más–de los países más avanzados de nuestro entorno. En 2016, el gasto público total en proporción al PIB fue en España 5 puntos más bajo que la media de la Eurozona. Pero esta ratio volverá a reducirse en 2017, porque con un crecimiento nominal estimado del 4%, el gobierno presenta un presupuesto en el que el gasto se congela. En vez de converger con Europa, la política presupuestaria del Partido Popular nos aleja cada vez más.

Desde el punto de vista de los ingresos, la renuncia a abordar con decisión la reforma fiscal que necesita urgentemente España para asegurar la financiación de las políticas públicas hace que el incremento de los ingresos sea únicamente el que se deriva del propio crecimiento nominal de la economía. Nuevamente, esto nos impide converger con Europa, ya que los ingresos fiscales totales en relación con el PIB están en nuestro país 8 puntos por debajo de la media de la Eurozona.

La urgencia de una reforma fiscal no sólo se justifica por estas diferencias estructurales en las ratios de ingresos y gastos con la media europea, sino por la propia evolución reciente de los ingresos públicos y su relación con el crecimiento de la actividad económica. Las reformas regresivas aprobadas por el Partido Popular en 2015 –que entre ese año y 2016 han supuesto una pérdida de 12.300 millones de euros para las arcas públicas–, junto con los cambios en la distribución de la renta –mayor desigualdad y devaluación salarial–, han erosionado la recaudación de impuestos fundamentales como el IRPF y el Impuesto de Sociedades. Por ello, los ingresos públicos están creciendo sustancialmente por debajo de lo que deberían hacerlo como consecuencia del crecimiento del PIB.

Esto es especialmente grave en el caso del Impuesto de Sociedades, a pesar de que los beneficios empresariales se recuperan y el resultado neto contable de las empresas se encuentra ya en niveles de 2007, la recaudación del Impuesto de Sociedades es mucho más baja (aproximadamente 20.000 millones de euros inferior a la de antes de la crisis).

Esta debilidad de los ingresos públicos –que se da incluso en un momento de recuperación del crecimiento económico– junto a la decisión política de priorizar la reducción del déficit sobre otros objetivos, hacen que los PGE presentados por el gobierno no atiendan a las verdaderas prioridades de política económica que tiene España.

La alternativa presupuestaria que aquí presentamos, sin embargo, se configura a partir de prioridades diferentes a las del gobierno y, desde nuestro punto de vista, representa mejor los intereses de la mayoría social del país.

Mientras que las prioridades del gobierno están centradas exclusivamente en la consolidación fiscal, el control presupuestario y la drástica reducción del déficit público, las nuestras pueden resumirse en cuatro grandes ejes: reducir el déficit social, transformar y modernizar el crecimiento económico, crear empleo de calidad y abordar medidas estructurales que incrementen la recaudación fiscal.

El Déficit Social, de Financiación y de Empleo.

España es el uno de los países europeos donde más han aumentado las desigualdades desde el inicio de la crisis, hasta situarse entre los niveles más elevados de inequidad, pobreza y exclusión social en el marco de la UE. Mientras que el Índice de Gini se ha mantenido estableen los países de la Eurozona, en un valor en torno a 30, en España ha pasado del 31,9 en 2007 al 34,6 en 2015, uno de los valores más elevados de nuestro entorno. Además, España es uno de los países de la UE donde la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas, y no deja de crecer.

El gobierno se empeña en señalar una y otra vez al desempleo como el único determinante de la desigualdad en nuestro país, pero no es así. Las recientes reformas laborales, y la devaluación de los salarios, han conllevado que la pobreza y la exclusión social no se concentren exclusivamente en la población desempleada. Hoy, tener un trabajo en España ya no es condición suficiente para escapar de la pobreza, puesto que casi el 15% de los trabajadores en nuestro país está en dicha situación.  Así, a pesar del empleo creado en 2015 y 2016, las tasas de pobreza y exclusión apenas se han reducido, como consecuencia de la fuerte precariedad y la mala calidad del empleo.

Del mismo modo, la erosión del Estado de Bienestar derivada de las políticas de recortes de los años pasados explica también esta situación. Se necesitan por tanto políticas específicamente dirigidas a reducir las desigualdades, y a erradicar la pobreza y la exclusión social. Se necesitan medidas dirigidas a mejorar la situación de los más perjudicados, una potente labor redistributiva impulsada por el sector público (por la vía de los ingresos y los gastos) y una recuperación del crecimiento de los salarios. Estas políticas, además, deben diseñarse de forma que sean herramientas eficaces para luchar contra las desigualdades entre mujeres y hombres.

España mantiene un déficit social con los países más avanzados de nuestro entorno que resulta prioritario corregir. De acuerdo a los datos más recientes de Eurostat, mantiene un déficit estructural con la Eurozona en protección social cercano al 5% del PIB. Desde nuestro punto de vista resulta más importante corregir el déficit social de nuestro país que reducir el déficit público, tal y como pide Bruselas.

Además, cerrar el déficit social que tiene nuestro país exige dar un paso adelante para atajar la discriminación de las mujeres. Esto es clave, pues impulsar la igualdad supone no sólo trabajar en pro de la justicia social, sino aprovechar también el potencial productivo y creativo de nuestra sociedad

Es necesario recuperar los servicios públicos y desarrollar políticas necesarias para transformar el modelo de crecimiento de la economía española. Hay que dotar presupuestariamente algunas políticas estratégicas, como las orientadas a revertir los recortes en educación y sanidad, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, poner en marcha un programa de renta garantizada para combatir las situaciones de pobreza monetaria, o recuperar las inversiones públicas, en especial las relacionadas con la transición energética y la innovación. Esto es incompatible con mantener congelado el gasto público y seguir reduciendo su peso en el PIB, como propone el Partido Popular para 2017. Por el contrario, la propuesta que formulamos supondrá dotar con 19.500 millones de euros adicionales estas políticas públicas.

Al mismo tiempo, la adecuada financiación de las políticas públicas requiere resolver progresivamente la insuficiencia de recursos públicos: mantenemos el objetivo de subir los ingresos al menos un 3% del PIB durante el conjunto de la legislatura. Para el año 2017, y mientras que se implementa una reforma fiscal integral, se adoptarían medidas en distintas figuras tributarias para conseguir que la recaudación aumentase en 7.525 millones de euros. Adicionalmente, el efecto expansivo que se derivaría del anterior aumento del gasto público permitiría recaudar otros 4.049 millones de euros, con lo que al final el aumento total de ingresos públicos ascendería a 11.574 millones de euros. Gracias a estas medidas, el peso de los ingresos públicos en el PIB en 2017 sería mayor: el 38,8% del PIB.

Este aumento de los ingresos previsto es inferior al aumento de los gastos, y la consecuencia es que el déficit público continuaría reduciéndose, aunque a un ritmo más lento que lo que se deriva del objetivo negociado por el gobierno con las autoridades europeas para 2017. Es necesario llevar a cabo una renegociación de este objetivo, para situarlo en una cifra que sea coherente con las verdaderas prioridades económicas y sociales de España.

En 2017, la política presupuestaria alternativa que proponemos permitiría la creación directa de 33.000 nuevos puestos de trabajo en la administración central, y otros 31.000 en las Comunidades Autónomas. Manteniéndose este ritmo a lo largo de toda la legislatura, sería posible recuperar todo el empleo público que se ha perdido como consecuencia de las políticas de austeridad.

A esas cifras habría que añadir una ampliación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 90.000 nuevas plazas (360.000 en cuatro años) cuyo objetivo sería la cobertura con plazas de funcionarios, de los actuales puestos de interinos. Este OPE no supondría un incremento presupuestario ya que estaría orientada a estabilizar los empleos públicos ya existentes. Igualmente, se eliminaría la tasa de reposición para que cada administración pudiese adaptar la plantilla a sus necesidades para la prestación de servicios públicos.

Finalmente, proponemos la creación directa de 75.000 nuevos puestos de trabajo a través del Plan de empleo para personas en situación de desempleo de larga duración. Este Plan será financiado por el Estado, pero gestionado municipalmente.

Déficit con Andalucía y Córdoba.

Los PGE presentados no cumplen con el Estatuto de Autonomía para Andalucía que exige que la inversión en nuestra Comunidad sea la del peso poblacional de Andalucía en España. Tampoco contienen un Plan de Empleo para Andalucía, a pesar de que la tasa de desempleo en Andalucía está cerca del 30% de la población activa.

En el caso de la provincia de Córdoba, son los peores presupuestos presentados, tanto en el nivel de inversión, como en lo relativo a las políticas sociales, dependencia, igualdad, educación, pensiones…

Con estos recortes en nuestra provincia, es evidente que ni tienen intención de crear infraestructuras, como la reconversión de la Nacional IV en autovía y evidentemente de no devolvernos, los fondos que se nos adeudan de la minería, que a más de dos meses, de registrar nuestra pregunta sobre dichos fondos, aún no hemos recibido respuesta por parte del gobierno del Partido Popular, en otro acto antidemocrático y de incumplimiento de las leyes

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo IULV-CA eleva al pleno la adopción del siguiente,

ACUERDOS

1.   EL Pleno rechaza el Proyecto de Ley de PGE  para 2017.

2.   Insta a los alcaldes y concejales de Andalucía y la provincia de Córdoba, a rechazar el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de Estado para 2017.

3.   Dar traslado del acuerdo a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

         En Peñarroya-Pueblonuevo, a 2 de mayo de 2017

                            Fdo. PEDRO ÁNGEL CABRERA RUIZ

                                      Portavoz del Grupo Municipal de IULV CA