Lourdes Paredes Cuellas

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El presidente de la Diputación señala como fundamental el reembolso del 35% de lo prestado para contribuir a la reactivación económica de los municipios, así como el acceso a un fondo de 5.000 millones

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha trasladado a los alcaldes y alcaldesas de la provincia un análisis de lo que supone “tanto para la institución provincial como para los municipios cordobeses el Real Decreto-Ley 27/2020 de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicable a las entidades locales”.

Según Ruiz, “una medida de carácter voluntario que, por primera vez desde 2012, ofrece a las administraciones locales la posibilidad de elegir qué hacer con los remanentes de tesorería que hasta el momento se encuentran intervenidos, ofreciéndonos una nueva vía de acción”.

“El acogerse al planteamiento que se realiza en el documento, permitirá que dichos remanentes, actualmente depositados en entidades privadas, que además suponen un gasto de mantenimiento para nuestras corporaciones, se puedan prestar al Tesoro Público, pudiéndose recuperar en el plazo que las entidades elijan dentro de las posibilidades existentes”, ha añadido Ruiz.

El máximo responsable de la institución provincial ha apuntillado que “además de evitar el gasto de mantenimiento de este dinero, el crédito que se extrae en esta operación es extraordinario, ya que se percibirá en dos años el equivalente al 35% de la cuantía transferida al Tesoro Público, un rendimiento que pocos productos bancarios ofrecen y que se podrá destinar a cuestiones que redundarán en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.

Ruiz ha abundado en que “el documento recoge que este beneficio se podrá dedicar a tareas municipales incluidas en la Agenda Urbana Española, tales como movilidad sostenible, medio ambiente, cuidado de proximidad, cultura e infraestructuras deportivas, aspectos que contribuirán, además, a la reactivación económica de muchos sectores productivos de nuestros pueblos”.

“Si analizamos detenidamente el contenido del Real Decreto-Ley 27/2020, éste recoge puntos como la prórroga del destino del superávit de 2019 a inversiones financieramente sostenibles, algo que no afecta a esta Diputación, puesto que no tuvimos superávit en dicho ejercicio”, ha continuado Ruiz.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha explicado que “los presidentes de las entidades provinciales deben poner de manifiesto su compromiso antes del 15 de septiembre, debiendo estar vigente dicho compromiso hasta el 31 de diciembre de 2021”.

Para Ruiz, “este compromiso supondría, en el caso de la institución provincial, un ahorro en comisiones de mantenimiento a los bancos será de 13.312,2 euros; y un acceso a nuestro remanente, una cifra cercana a los 8 millones de euros”.

“Un préstamo que se amortizará por el Estado en un plazo máximo de 15 años a partir de 2022 a elegir la devolución en 8 en 13 años, variando el tipo de interés dependiendo de la modalidad elegida”, ha remarcado Ruiz.

Por otra parte, el máximo responsable de la institución provincial ha puesto de manifiesto que “ aquellas entidades que se acojan a la colocación de partidas de remanentes en el Tesoro Público, accederán a un fondo extraordinario de 5.000 millones, recibiendo un importe equivalente al 35% de los recursos comprometidos entre 2020 y 2021, lo que supondría para la Diputación 3.010.247,65 euros (1.204.099,06 en 2020 y 1.806.148,59 en 2021) no computando para la regla de gasto estas cantidades”.

Ruiz ha recordado que “se incluye un compromiso por parte de las diputaciones provinciales con los municipios que tengan problemas de liquidez o se encuentren en riesgo financiero, especialmente a los menores de 20.000 habitantes”.

A modo de conclusión, el presidente de la Diputación de Córdoba ha querido resaltar “el carácter voluntario de las medidas que se proponen, respentándose así la autonomía local y la legítima toma de decisiones de nuestros alcaldes y alcaldesas, sin perder de vista que se trata de una opción con la que hasta el momento no contaban las entidades locales, la de tener acceso a sus remanentes”.