El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han suscrito, de forma telemática, los protocolos de actuación que darán soporte a los convenios de Transición Justa para el cierre de las centrales térmicas de Carboneras (Almería), Puente Nuevo-Valle del Guadiato (Córdoba) y Los Barrios (Cádiz).

Estos documentos tienen como objetivo establecer un marco general de colaboración e intercambio entre administraciones, del que se derivarán procesos participativos abiertos que canalizarán los diferentes proyectos y medidas de transformación económica de esos territorios aportados por los agentes económicos y sociales locales. Estas fases de cooperación darán como resultado los denominados convenios de Transición Justa, con los que se busca impulsar la generación de alternativas económicas para las zonas afectadas por el cese de actividad de las centrales de generación de energía eléctrica (térmicas de carbón y nucleares) y de explotaciones mineras de carbón. 

Velasco ha destacado que “estos protocolos constituyen un paso decisivo para fijar los objetivos estratégicos y definir las actuaciones concretas que han de llevarse a cabo para promover el crecimiento económico sostenible, el bienestar social y el empleo en estos territorios”. Según ha remarcado el titular de Transformación Económica, esta firma constituye para los agentes económicos y sociales de la zona y para sus ciudadanos “una garantía de que todo este proceso se hará con el trabajo y esfuerzo conjunto de todos”. 

En la comunidad andaluza, se benefician de esta iniciativa un total de 15 municipios: uno de la provincia de Almería (Carboneras), tres de Cádiz (Los Barrios, La Línea de la Concepción y San Roque) y once de la provincia cordobesa (Belmez, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Los Blázquez, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba).

Los convenios deberán incluir uno o varios proyectos tractores de impulso de cada una de los enclaves, así como la puesta en marcha o el refuerzo de iniciativas empresariales más específicas que conformen, junto a estas acciones estratégicas, un plan de desarrollo y especialización territorial coherente y sostenible. Asimismo, darán cabida a otras actividades que se identifiquen como nichos de empleo particularmente interesantes para las zonas de actuación. Con estos instrumentos se pretende ofrecer salidas económicas compensando la pérdida de riqueza y empleo debido a los cierres.

Prioridad a energías renovables, movilidad sostenible y economía circular

La transición justa para estos 15 municipios pondrá el acento en el desarrollo de actividades relacionadas con las energías renovables y la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la rehabilitación de edificios o la economía circular. También se dará prioridad a la eco-innovación, la restauración de ecosistemas, la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, la agricultura ecológica o de secano, la ganadería extensiva o el turismo sostenible, entre otros.

Precisamente, con el fin de imprimir un impulso a este mecanismo de cooperación administrativa, desde el Ejecutivo autonómico ya se está trabajando en la identificación de proyectos tractores en estos ámbitos económicos, sobre todo, actuaciones de carácter industrial relacionadas con la sostenibilidad y la economía circular. “Apostaremos por el desarrollo industrial, teniendo en cuenta los beneficios que aporta este sector en cuanto a empleo de mayor calidad, impacto en el territorio y su resiliencia ante ciclos económicos adversos”, ha apostillado el titular de Transformación Económica. Según ha remarcado “son iniciativas capaces de proyectar un futuro económico basado en la innovación, el aprovechamiento de los recursos endógenos, el crecimiento del capital humano y el desarrollo tecnológico y de conocimiento de la comunidad”.

Todas esas acciones se fundamentarán en la colaboración público–privada y buscarán la diferenciación de la región como región industrial y su crecimiento en solvencia, en línea con la política industrial de Andalucía para el horizonte 2030, en cuya elaboración está inmersa la Consejería de Transformación Económica.

En el marco de estos protocolos, Rogelio Velasco ha asegurado que la Junta de Andalucía pondrá a disposición todos los recursos y herramientas con los que cuenta la Administración autonómica, refiriéndose a las líneas de incentivos al desarrollo industrial, los canales de captación de inversiones estratégicas, el apoyo a la internacionalización o la formación para la adaptación profesional de los trabajadores. También favorecerá el desarrollo de estas iniciativas la reforma normativa puesta en marcha en esta legislatura, con la que se ha logrado una mayor simplificación de trámites relacionados con la actividad económica o la agilización de la declaración de proyectos estratégicos.

Cierre de las centrales

En el municipio almeriense de Carboneras, Endesa comunicó en diciembre de 2019 su petición de cierre de la planta térmica, aduciendo como motivos la profunda modificación de las condiciones de mercado por el incremento en el precio de los derechos de CO2 y, por consiguiente, la escasa competitividad de la combustión de carbón para la generación de energía eléctrica. La empresa prevé cerrar la central en junio de 2021. En el momento de la solicitud de cierre trabajaban en estas instalaciones un total de 269 empleados, 137 personas en plantilla y 132 de subcontratas.

La central de Puente Nuevo, ubicada en el municipio cordobés de Espiel, pertenece a la compañía Viesgo Producción, que solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica el cese de la actividad para diciembre de 2020. En la planta trabajaban 69 personas en plantilla y 60 de subcontratas.

Viesgo también es la titular de las instalaciones térmicas de Los Barrios en el Campo de Gibraltar, cuyo desmantelamiento será solo parcial para facilitar una posible actividad futura. La eléctrica ha tomado esta decisión por la falta de viabilidad de una central de carbón en las condiciones actuales del mercado.