El documento de trabajo que se remitirá a los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas plantea, en síntesis, la reducción hasta los 190 partidos judiciales de las actuales 431 unidades judiciales con las que cuenta nuestro país, de ellas 39 en la provincia.

Según el comunicado hecho público por el propio CGPJ, el objetivo de esta nueva demarcación judicial es mejorar la calidad de la Justicia, "con el acceso en condiciones de igualdad a todos los servicios demandados en una sociedad moderna de los Juzgados y Tribunales", contando para ello con jueces especializados, forenses, gabinetes psico-sociales, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a la víctima, unidades de valoración de riesgo para las víctimas de violencia de género, servicios de mediación civil y penal, unidades de Policía Judicial, o servicios de Atención al Ciudadano.

En dicho escrito, el CGPJ hace constar que los principios y criterios para el diseño del nuevo mapa de partidos judiciales, "se basan en la concentración de recursos, la racionalización del trabajo, la especialización como presupuesto inicial para una Justicia de calidad, la colegiación de asuntos y la apuesta por una justicia titular y profesional".

Igualmente, se pone de manifiesto que el documento aprobado en el pleno extraordinario del CGPJ celebrado el pasado jueves, es el resultado de cinco meses de análisis, por parte de los órganos técnicos, "de la realidad judicial de España", añadiendo que la distribución territorial actual, "impide que haya juzgados y servicios especializados en todos los partidos judiciales".

Así, la propuesta que el Consejo plantea es la reducción de los 431 partidos judiciales actuales a una cifra que ronda entre los 190 y 200, con la intención de distribuir los recursos humanos y materiales existentes implantándose una organización colegiada de los Juzgados, de modo que todos ciudadanos reciban la misma atención especializada, vivan donde vivan.

Una propuesta con vocación "marcadamente provisional", como se hace constar en el documento del CGPJ, con la que se inicia un proceso de debate, en el que desde el Consejo General del Poder Judicial se solicita, "un sosegado análisis y la participación de todos los interesados con el fin de lograr el resultado que mejor satisfaga los intereses del justiciable y que podrían coincidir -o no- con el diseño que se esboza", matizando que el Consejo ha abordado el estudio, "en el ejercicio pleno de sus funciones constitucionales", recordando que, en última instancia, la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno y a las Cortes.