En el último mes estamos descubriendo el lodazal que este gobierno quiere tapar con el caso Ábalos, que ha suscitado un debate intenso en la esfera política española, poniendo de relieve las complejidades de la gobernanza en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca, trasparencia de la que hace alarde el actual presidente y que se está demostrando que no es más que una cortina de humo, como casi todo de lo que sale de su ideario, como decía mi abuela, “consejos vendo que para mí no tengo”. La situación de la supuesta perversión del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y sus supuestas conexiones con figuras políticas, incluidos otros ministros está empezando a salpicar a Sánchez, como máximo responsable del ejecutivo, afectando a la imagen de los implicados, sino que también pone en jaque la credibilidad del gobierno en su conjunto.
El escándalo saltó a la luz tras las denuncias del bloque de la derecha, sobre el encuentro que Ábalos mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid en enero de 2020. Este encuentro fue tachado como un acercamiento más del gobierno actual a la dictadura venezolana, avalado por la persona que más hace por desacreditar a la política española, el expresidente Jose Luis Rodriguez Zapatero. Aunque algunos de los ministros y barones socialistas han intentado tapar este escándalo, las sombras de un posible encubrimiento y la falta de una narrativa clara han alimentado la especulación y la desconfianza del sector público, buena cuenta de ello la bajada en intención de voto hasta en el sondeo mensual del CIS. Uno de los aspectos más preocupantes y relevantes de este caso es la posible complicidad de otros miembros del gabinete y la respuesta que el presidente Sánchez ofreció ante las acusaciones tachándolas de fango mediático, confiando nuevamente en su ministro del interior Grande Marlasca. Desprendiéndose de cada intervención tanto del propio Sánchez, su portavoz o cualquier persona de su gabinete como se minimiza el problema, indicando que involucra solo a Ávalos y que este fue expulsado del partido, o simplemente se eluden preguntas fundamentales, haciendo lo que mejor saben hacer, atacando de manera persistente a algún miembro de VOX, del PP e incluso involucrando a un partido que no tiene representación en el parlamento español como es SE ACABÓ LA FIESTA de Alvise Pérez.
La política de comunicación del gobierno de este gobierno es hablar siempre con la boca chica y con mucha cautela, en mi opinión con mucho miedo a lo que el “señor” Ábalos pudiera decir para perjudicar a cualquier ministro del ejecutivo. La manera en que se ha manejado la situación podría ser un intento de proteger no solo a Ábalos sino también a la imagen del propio Sánchez, al que según dijo ni conocía a los socios de Ábalos, pero que unos días se demostró mediante imágenes que había coincidido en varias ocasiones. En un contexto donde las redes sociales amplifican cada rumor y cada supuesto tal y como está haciendo el eurodiputado Alvise, con su máquina de propaganda a través de redes sociales y plataformas de mensajería, que deberían copiar el resto de partidos, ya que a menudo los ciudadanos se enteran de las actuaciones de los partidos únicamente por prensa.
Esta claro el anhelo de todos nosotros, del pueblo que trabaja y se levanta temprano, de la necesidad imperiosa de que los líderes políticos de todos los colores asuman una postura firme en pro de la transparencia y la rendición de cuentas como premisa fundamental ante cualquier acción que implique cierta relevancia y repercusión para el bienestar de todos. La política no debe responder a la lógica del “todos lo hacen” o de una cultura de la impunidad a la que nos tienen acostumbrados, pidiéndonos que seamos ejemplares, mientras ellos delinquen a sus anchas, pero se sabe que “en casa del herrero, cuchara de palo”. Los ciudadanos merecen un gobierno que actúe no solo con eficacia, sino también con ética. La política debe estar basada en principios claros y en una comunicación sincera, de lo contrario, se corre el riesgo de fomentar una desconexión entre los gobernantes y los gobernados. Esto, además, debe aplicarse a todos los niveles estamentales, juntas, ayuntamientos y corporaciones locales.
La resolución de una forma u otra del caso Ábalos representará más que un escándalo individual y/o colectivo si hay más implicados; la demostración de si la justicia es igual o no para todos, dejando mermada o afianzando la poca confianza que los ciudadanos tenemos hacia todos los políticos.
